Las empresas privadas argentinas siguen teniendo prohibido, hasta el 31 de mayo, despedir y suspender a sus empleados sin justa causa o por “falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, según el decreto 266, que actualiza la medida decretada en marzo de 2020.
La prohibición, revalidada sucesivamente debido a la persistencia de la pandemia, había sido extendida por 90 días más el pasado enero, hasta el 25 de abril. Subsistiendo las causas, detalla el nuevo decreto, “corresponde prorrogar los términos”.
Excepciones e indemnización
La medida -que alcanza a trabajadores de todas las áreas, excepto la construcción- anula despidos y suspensiones que se hayan realizado durante la emergencia sanitaria y mantiene la doble indemnización, con un límite de 4.425 euros, en los despidos exceptuados.
“Las dobles indemnizaciones llegan para quedarse”, sostiene un análisis de Errepar, una editorial especializada en derecho laboral, al referirse a los despidos. Más allá de la prohibición, existe la posibilidad de suspensiones dentro de acuerdos entre sindicatos y empleadores.
El decreto “desalienta la creación de empleo”, sostiene la Unión Industrial, sector en tensión histórica con el partido de Gobierno. “No hay justificación, bajaron las suspensiones y la industria se recupera”, dijo su vicepresidente, Daniel Funes, en la anterior prórroga. La organización también criticó el aumento de tributación con que el gobierno busca recursos.
Año en emergencia
El nuevo decreto mantiene la ampliación de la emergencia pública en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2021, contexto en el que el Gobierno también se ha propuesto “ayudar a las empresas” con medidas para “sobrellevar la emergencia”.
El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández, incluye la postergación o disminución de obligaciones tributarias y seguridad social, transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y facilidad de crédito para Mipymes.
El paro en Argentina ha crecido desde 2019 hasta colocar al país, en 2020, en el séptimo lugar del ranking de Miseria Económica Global (HAMI), del economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, con el 11% de la población económicamente activa (1,4 millones de personas) sin empleo.
Supervivencia
Con el cierre de comercios y empresas, ha aumentado también la demanda por seguro de desempleo, una prestación con la que el Estado asiste a trabajadores asalariados que pierden su trabajo “sin justa causa” o «por fuerza mayor» (quiebre de la empresa, por ejemplo).
Creada en abril de 2020, la prestación (entre 53 y 88 euros, según el perfil del ciudadano) tenía un máximo de 8 meses de duración y vigencia original hasta el próximo 31 de mayo. La seguridad social como un todo, incluyendo invalidez, vejez y desempleo, representa un 51,5% del presupuesto 2021.
En el primer año de pandemia, la pobreza cubrió al 42% de la población, unos 19,4 millones de personas, según datos oficiales (Indec), un 6,5% más que en 2019. La indigencia, en tanto, llegó al 10,5%, un aumento de 2,5% respecto del año anterior, el nivel más alto desde 2004.
Este es, en líneas generales, el mapa de situación que el presidente Alberto Fernández cargará consigo en el viaje que hará, el próximo lunes (10) prácticamente por todos los lugares que visitó el mes pasado su “adelantado” Martín Guzmán (ministro de Hacienda), excepto España, retirada a última hora de la agenda, según fuentes cercanas al mandatario.
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