El reclamo que Argentina enfrenta podría llegar a 23.000 millones de dólares tras la caducidad de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que ocurrió el 31 de diciembre último.
Esa cláusula impedía que el Gobierno formulase cualquier nueva propuesta de pago a los bonistas que no aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Los intransigentes son los fondos conocidos como "buitres", un 7% de acreedores que demandan en la Justicia el pago de la totalidad del valor nominal de sus títulos.
Es a esos fondos que se dirige la oferta, que no es otra que "la misma del canje de 2010: descuento de bonus con una reducción del 65% como si hubieran entrado en el canje de deuda de 2005, con intereses capitalizados durante todo el período".
La iniciativa de pedir un descuento a los acreedores es atribuida al ministro de Hacienda, Axel Kicillof, brazo ejecutor de las políticas "nacionales y populares" de la mandataria, que atribuye las dificultades por las que pasa su país a una suerte de conspiración global en su contra.
Los acreedores podrán beneficiarse con una ganancia de "hasta 100% del valor nominal", aseguró el funcionario, quien estima en 6.500 millones de dólares en total para aquel 7% de acreedores que no aceptaron las reducciones anteriores.
El litigio se ha convertido en un símbolo de los desórdenes económicos del país austral, que viene acumulando noticias negativas sobre su gestión, un hecho que los analistas sostienen que se acentuará durante 2015, último año del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En esa escalada se distinguen, además del conflicto de la deuda, la fuerte devaluación que ha sufrido la moneda argentina en enero de 2014 (cerca de 30%), la elevada inflación (el Gobierno acaba de admitir 23,9%, mientras que consultoras privadas la ubican por encima del 40%), la fuga de divisas, la contracción del PIB el año pasado y las denuncias por corrupción a miembros del Gobierno.
El propio Kicillof denunció la primera semana de enero un "ataque simultáneo" de los buitres en la región sudamericana, señalando que los frentes de esa acción serían el propio litigio por la deuda argentina y una demanda contra la petrolera brasileña Petrobras.
Esos fondos "trataron de llevar a la Argentina al cese de pagos, quisieron hacer caer la reestructuración de deuda del año 2005. Ahora vemos cómo atacan a Brasil. Estos episodios van a quedar en los anales de cómo se desarrolla una guerra sin armas, desde el terreno judicial y con objetivos políticos", denunció el funcionario.
El juez norteamericano Thomas Griessa fijó para el 3 de marzo una nueva audiencia entre las partes, estableciendo hasta el 16 de febrero el plazo de presentación de documentos.
La audiencia será el primer trámite posterior al vencimiento de la cláusula RUFO, utilizada por Argentina para demorar el pago a los buitres en función de que permitía a los bonistas reestructurados (93%) exigir el pago en igualdad de condiciones que las reivindicadas por los primeros (7%).
El fallo de Griessa determina que Argentina debe pagar a los buitres (fondos encabezados por NML, de Paul Singer) un total de 1.300 millones de dólares más intereses en una única cuota para liquidar los bonos de deuda en poder de estos.
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