Lo advirtieron hace unos días y ahora S&P ha recortado la perspectiva de Australia de estable a negativa. "Está en riesgo el superávit de la balanza presupuestaria del país. Si no se toman medidas, la posición fiscal del gobierno podría dejar de ser compatible con el alto nivel de endeudamiento externo del país", afirma S&P.
Las agencias de medición de riesgo Moody’s y Fitch Rating ya han alertado al futuro Gobierno de Australia sobre el riesgo de perder la calificación crediticia del país, de AAA, si no se repara el déficit presupuestario.
"Moody’s espera que la consolidación fiscal se mantenga como una política clave del nuevo gobierno, cuando éste sea formado", dijo Marie Diron, vicepresidente sénior de la agencia según publica el diario The Australian Financial Review.
El país ha celebrado recientemente elecciones generales y su resultado provisional muestra un empate entre los dos partidos que pueden formar gobierno. Ante la incertidumbre a corto plazo derivada de estos resultados que no dan un claro ganador la agencia vigila las posibles demoras en la restauración del superávit presupuestario y la reducción de la deuda.
"El resultado electoral podría afectar el perfil del crédito soberano solo si se cambian las prioridades de la política general y la efectividad en su implementación", agregó la ejecutiva de Moody’s.
Esta agencia otorgó a Australia la más alta calificación financiera en 2003 coincidiendo con el auge del sector minero que permitió al país capear la crisis financiera mundial. Por su lado, Fitch Ratings cree que un estancamiento político que provoque un incremento del déficit podría "ejercer presión en la calificación, particularmente si se deteriora en ambiente económico".
"Fitch evaluará la capacidad del gobierno de gestionar las finanzas pública prudentemente después de los resultados electorales, además de su flexibilidad en la respuesta a la volatilidad del ambiente económico global", expresó el director del grupo soberanos Asia-Pacífico de Fitch, Mervyn Tang.
Australia prevé un déficit de unos 26.831 millones de euros para el año fiscal 2016-17 y tanto Gobierno como oposición consideran que no podrán retornar a un superávit presupuestario hasta el año 2020-21.
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