El juez Víctor Gómez, instructor del caso Taula, que implica al PP valenciano en una trama de financiación ilegal, estrecha el cerco sobre Rita Barberá, que se está salvando de ser imputada por su condición de aforada como senadora. El magistrado ha emitido un auto para elevar su investigación al Tribunal Supremo con una exposición razonada de motivos en los que observa indicios de supuesto delito de blanqueo de capitales.
Gómez ofrece la posibilidad a Barberá de comparecer voluntariamente para aclarar los hechos, asistida por un abogado y teniendo acceso a las actuaciones, en un plazo de 20 días. O también, de presentar un escrito alegando lo que considere oportuno. El juez remarca en su auto que no la interrogaría pero sí podría "dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente le implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal".
El juzgado investiga supuestos amaños en contratos en las administraciones públicas valencianas. La última operación dentro del marco de esta investigación se saldó con decenas de detenidos,entre ellos el expresidente provincial del PP, Alfonso Rus, mientras que la sede del grupo municipal del partido en Valencia fue registrada.
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