Standard & Poor’s fue el acicate para Brasil. Después de rebajar la deuda soberana de Brasil hasta bono basura, el Gobierno ha decidido buscar soluciones. Para ello, la presidenta del país, Dilma Rousseff ha puesto en marcha un plan de recortes y de aumento impositivo por un total de 14.937 millones de euros.
Pero como en todo, algunas medidas no han caído muy bien. El punto principal de dicho plan es el restablecimiento del impopular impuesto a las operaciones financieras conocido como CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros). A través de esta tasa, Brasil podría recaudar 32.000 millones de reales durante 2016. Eso sí, antes debe recibir el visto bueno del Congreso.
Recortes del gasto público
Aunque, sin duda, las medidas más duras van destinadas al gasto público. En concreto, el programa de Salud, Vivienda e inversiones en infraestructura se verá radicalmente reducido. También recibirán un ‘tijeretazo’ los subsidios fiscales a la industria química.
Con este ambicioso programa, el ministro de finanzas brasileño, Joaquim Levy, incluirá recortes del gasto público encaminados a lograr un excedente primario del 0,7 % del PIB en lugar del 0,5% previsto hasta ahora.
Resistencia en su propio partido
El Partido de los Trabajadores, se ha resistido a tocar las prestaciones sociales que ofrece el estado brasileño. Sin embargo, la realidad que indica que el país está en recesión técnica, el deterioro de cuentas fiscales y el escándalo de Petrobras han puesto a Rousseff contras las cuerdas, según añaden desde Banco Popular. Esas tensiones políticas en la base de apoyo a la presidenta brasileña fueron uno de los principales factores que la agencia S&P ha esgrimido para argumentar la rebaja de la nota de crédito del país.
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