Concretamente Bruselas pide que la ley española sea conforme con el derecho europeo la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago, que datan de 1993. El consumidor tiene que estar protegido y no quedar vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente. "Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe", añade la Comisión en un breve comunicado.
"Los Estados miembros deben asegurarse de que el derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas", ha argumentado el Ejecutivo comunitario. El objetivo de la Comisión Europea no es otro que garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales que supongan un abuso.
Se trata de un nuevo revés a la ley hipotecaria española, que ha sufrido varios cambios después de que así lo exigiera la Corte de Luxemburgo tras varias denuncias de jueces españoles. En este sentido, la Comisión ha reconocido que se han dado cambios legislativos en la normativa española tras la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Justicia, pero sigue habiendo otras cuestiones preocupantes. En el caso de que España no responda de forma favorable, el siguiente paso sería enviar un dictamen motivado a España, como paso previo antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
La decisión tomada por la Comisión Europea llega en un momento en el que las Cortes en España están disueltas y habrá elecciones el próximo mes de junio. Fuentes europeas reconocen que aunque es posible conseguir alguna modificación en la ley española, cualquier cambio tardaría años en llegar.
El Tribunal Supremo ya consideró en mayo de 2013 que las cláusulas suelo que no hayan sido completamente transparentes son consideradas como abusivas. En estos momentos el Tribunal valora desde cuando tendría que devolver la banca las cantidades cobradas a los hipotecados en este sentido, si desde 2013 o desde 2009. El 12 julio se emitirán las conclusiones del abogado general de la UE sobre este asunto y la sentencia final se conocerá antes de que acabe el año. La Comisión Europea se ha posicionado claramente para que España obligue a los bancos a devolver la totalidad de las cláusulas abusivas.
Según Analistas Financieros Internacionales (AFI), la banca tendría que responder con unos 5.300 millones de euros, según un reciente informe, si se determina que las cláusulas tienen que ser devueltas desde mayo de 2013. Si por el contrario, la retroactividad se calcula desde 2009 el importe podría ascender hasta los 9.700 millones de euros.
hemeroteca
