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Bruselas contempla excluir a las inversiones verdes del déficit

Bruselas se lanza a la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el entramado de normas europeas para las políticas económicas de los socios de la UE.

19 DE diciembre DE 2019. 08:51H Alexandre Mato (Bruselas)

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El objetivo de la Comisión Europea es introducir la lucha contra el cambio climático como estrategia central de crecimiento.

El pistoletazo de salida es la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible que “por primera vez” introduce la Comisión en el Semestre Europeo, el ciclo anual de supervisión macroeconómica de los países comunitarios. Esta nueva estrategia se basará en cuatro dimensiones con la sostenibilidad medioambiental como la primera, priorizada frente a las mejoras de productividad, el desarrollo equitativo o la estabilidad macro.

“Ponemos la transición climática en el corazón de nuestra gobernanza económica. Creo que lanzamos un mensaje nuevo fuerte”, destaca el nuevo comisario de Economía, Paolo Gentiloni. “Vamos a incluir completamente la sostenibilidad medioambiental dentro del marco Semestre Europeo”.

Este movimiento implica que a partir de 2020 cada Estado Miembro incorporará en sus programas económicos enviados anualmente a Bruselas las reformas necesarias para atajar los desafíos de sostenibilidad que le indique la Comisión. Y no sólo bastará con contemplar subidas o bajadas de impuestos para encauzar las cuentas públicas, o con reformas laborales y del sistema de pensiones en la búsqueda de la consolidación de la Seguridad Social. Ahora los deberes también pasarán por medidas concretas para la descarbonización, la mejora de la movilidad o la eficiencia energética.

La Comisión von der Leyen ha abierto el melón, pero el debate es más amplio y de gran calado político, afectando a los cimientos de la eurozona. En enero, Bruselas “presentará la revisión de la legislación del Two Pack y del Six Pack para ver cómo pueden funcionar las reglas”, anunció el vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, coordinador de toda al área económica.

Sus palabras son una brecha en el sacrosanto Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No superar un déficit del 3% o del 60% en la deuda pública sobre PIB está entre los principios fundacionales del euro y durante los peores años de la crisis, entre 2011 y 2013, este Pacto fue reforzado con esos ‘paquetes’ de reglas presupuestarias y vigilancias desde Bruselas.

El Two Pack requiere que los países del euro anticipen a la Comisión Europea los borradores de sus planes presupuestarios del siguiente ejercicio. Así Bruselas corrige las cuentas de los socios de la moneda única y supervisa si cumplen con el déficit y la deuda pública. El Six Pack introdujo las mismas normas contables y estadísticas para todos los gobiernos de la UE y les exige un marco presupuestario a tres años para ver la salud de sus finanzas.

Plantear la reforma de estas dos legislaciones será “un debate movido, así que debemos tener cautela y ver si de ese debate sale un consenso”, reconoce el propio Dombrovskis. Países como Italia, intentando aprovechar al máximo las cláusulas que relajan la contabilización de inversiones productivas en los ajustes fiscales, o España, priorizando los objetivos presupuestarios a medio plazo, siempre han exigido mayor flexibilidad en estas normas. Enfrente han estado Alemania, Países Bajos, Austria o Finlandia, que comandaron la política economía de la UE hasta el 2014.

Pero ese año la flexibilidad llegó con la Comisión Juncker, abanderada por el entonces nuevo comisario de Economía, el francés Pierre Moscovici, y permitió a esos dos países, y también a Portugal, esquivar infracciones por los agujeros de sus presupuestos. Las exigencias han ido creciendo y cada vez más voces piden recuperar la “regla de oro’, aquella tumbada en la negociación del Tratado de Maastrich entre 1990-1991, que permitiría no computar la inversión productiva de los organismos públicos de un país en su déficit.

Italia lo pide claramente y los movimientos de la nueva Comisión apuntan a que al menos la inversión en sectores de la economía verde sí podría beneficiarse de excepcionalidades contables o ser un parámetro a tener en cuenta al analizar el gasto público y los presupuestos de un país.

En el equipo económico de la presidente von der Leyen no niegan que estudian todas las posibilidades. “Estamos lanzando un debate sobre el futuro de las reglas fiscales de la UE y obviamente esta inversión verde va a estar entre las cuestiones que plantearemos”, reconoce el vicepresidente Dombrovskis, tradicionalmente alineado con el bando del rigor fiscal.

Más cauteloso, quizás consciente de que su origen le señala como tendente a una posición laxa, el comisario Gentiloni, italiano, prefiere decir que “le resulta complicado ver la zona de aterrizaje de un avión que todavía no ha despegado”, pero insiste que esta discusión sobre la flexibilidad fiscal y las excepcionalidades presupuestarias “es un debate que ha estado presente desde hace mucho tiempo”.

Gentiloni pone un argumento más en la balanza. “Lo que está claro es que ahora necesitamos crecimiento y nuestra estrategia está sustancialmente basada en el Green Deal”. Y es que Bruselas prevé sólo una expansión del 1,1% para la zona euro en 2019, apenas una décima más para 2020, y del 1,4% en toda la UE durante el próximo trienio.

Los cálculos de la Comisión son que Europa necesita más de 200.000 millones de euros en nuevas inversiones anuales para ser la vanguardia de la lucha climática. La puerta de la reforma del Pacto de Estabilidad ya se ha abierto y no en la dirección de la ortodoxia presupuestaria.

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