El coronavirus se ceba con los autónomos. La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha allanado el camino hacia una recesión que tiene en el blanco a esta masa empresarial. Alrededor de 300.000 trabajadores por cuenta propia se verán obligados a cerrar su negocio a causa de esta situación, lo que representa una décima parte del total. A ellos se une otro 40,5% que, si bien quiere seguir con su actividad, no está seguro de que pueda continuar. Así se desprende del segundo Barómetro lanzado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para analizar cómo enfrentan los emprendedores la paralización económica.
En línea con los datos anteriores, de la encuesta realizada entre el 15 y el 16 de mayo, también se extrae que un tercio de los autónomos con trabajadores a su cargo prevé realizar ajustes en la plantilla en los próximos meses. La nota positiva es que casi la mitad (45,2%) tiene expectativas de mantenerla. En este sentido, el sondeo arroja que el 52% ha realizado un ERTE, frente al 16,6% que se ha visto obligado a despedir. En cualquier caso, piden la posibilidad de prolongar la suspensión temporal de empleo más allá de junio.
Desde el comienzo de la desescalada hace un par de semanas de manera desigual en España, seis de cada diez ya se encuentran operativos a pesar de estar a medio gas. En cambio, aquellos que todavía no lo han hecho, pero sí tienen permitido colgar el cartel de abierto, esgrimen que las condiciones necesarias para ello no compensan e, incluso, les puede suponer pérdidas. De hecho, casi la mitad de los encuestados afirma que la implantación de las normas sanitarias les ha resultado un proceso “complejo”, con una inversión que, en algunos casos, llega a alcanzar los 5.000 euros.
Únicamente un 3,8% de los autónomos ha solicitado la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y más de un 90% de los encuestados confiesa haber experimentado una reducción de los ingresos. De esta cantidad, el grueso reconoce un descenso en la facturación superior al 60%, con unas perspectivas nada alentadoras para este ejercicio. A ello hay que añadir la morosidad procedente tanto de entidades públicas como privadas. Se trata de un problema que afecta a cuatro de cada diez autónomos.
Dentro del paquete de ayudas puesto en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto de la COVID-19 sobre este colectivo, se encuentra la prestación por cese de actividad, vigente hasta el 30 de junio. No obstante, la gran mayoría consideran que esta medida debería ampliarse al menos hasta después del verano, ya que algunos sectores no van a poder recuperar la normalidad en un corto-medio plazo. Una decisión que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, subraya que es complicada, al haber negocios dentro de un mismo sector “a los que les habrá ido bien y a otros mal”.
Créditos ICO: una «vacuna» para los negocios
Otro de los bloques incluidos en el barómetro se encuentra relacionado con la línea de avales ICO. De los que afirman haber recurrido a ellas (35%), ya se le ha concedido a la mitad y a uno de cada cinco se les ha denegado. Si bien el motivo principal de los que han optado por no solicitar financiación es porque pueden aguantar el tirón o no lo necesitan de momento, hay una parte que no puede endeudarse más.
En este contexto, Amor ha resaltado el crédito como la “principal vacuna para salvar muchas actividades empresariales”. Por ello, ve necesario que se activen los 100.000 millones en lugar de ir por tramos. “Los autónomos están alertados en estado de alarma”, ha sentenciado.
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