“Viene a hacer justicia con nuestras pymes”, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras promulgar, la primera semana de enero, la llamada ‘Ley de Pago a 30 días’, una iniciativa para auxiliar a las pymes en el pago de sus facturas.
El país sudamericano tiene más de un millón de empresas formales y la casi totalidad (98,7%) son pymes, responsables de emplear al 50% de los trabajadores chilenos, según informa la presidencia del país en un comunicado a la prensa.
Pago a 30 días
La nueva ley, que fija la aplicación de intereses por cada día de atraso en el pago de la factura pasados los 30 días de su emisión, “va a evitar que las grandes empresas se queden con el capital de trabajo de las micro y pymes”, dijo Piñera.
El ministro de Economía, José Valente, calificó a la ley de “emblemática” y dijo que su sanción “dignifica a las pymes, sus trabajadores y sus familias” una vez que elimina el “bicicleteo” (regionalismo para designar el aplazamiento del pago de una deuda).
La ley, que regirá tanto para el sector público como para el privado, establece que la administración estatal deberá adoptar la nueva normativa en hasta un año. En los primeros 24 meses, el plazo de las facturas se considerará hasta 60 días y, posteriormente, 30 días.
Formalización y rapidez
Un informe de la OCDE sobre las pymes de Chile publicado en 2017 apunta que, en 2013, tan sólo un 51,6 % de las empresas eran formales allí y que las pymes enfrentaban “una falta de diferenciación de las reglas con las grandes empresas”.
La organización emitió una serie de recomendaciones para el sector, entre las cuales se destacan “que la formalización beneficie al sector formal e informal”, “facilitar el acceso al financiamiento” y “reforzar la coordinación y ejecución de programas al nivel nacional”.
“Para que sea efectiva (la ley) debe contemplar el plazo para emisión de Orden de Trabajo (OC)”, dijo un usuario en un portal de pymes chilenas, explicando que “las grandes empresas emiten la OC hasta 60 días después de haber recibido el servicio contratado”.
En ese sentido, la nueva ley “requerirá la emisión de una guía de despacho electrónica para tener certeza de cuándo se entregó la mercadería y, por tanto, a partir de cuándo empieza a regir el plazo de los 30 días”, completó la información oficial.
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