El pasado martes, el Congreso aprobó una resolución en la que pide al Gobierno español que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela y la comunidad internacional para la liberación "inmediata" de líderes opositores venezolanos presos. PP, PSOE, CiU, PNV y UPyD votaron a favor de esta propuesta.
Como era de esperar, la respuesta de Nicolás Maduro no ha tardado en llegar. Durante su programa "En contacto con Maduro", el presidente venezolano ha declarado: "Que las cortes españolas vayan a opinar de su madre, pero que no opinen de Venezuela". Unas duras palabras que ha matizado aún más describiendo al presidente del Gobierno español como un hombre racista. "Se acabaron Rajoy tus abusos" afirmó Maduro, que además dijo que las élites corruptas de España son racistas y, "desprecian a los sudacas, a los africanos, a los asiáticos, etc".
Desde el Gobierno español, entendieron que no se podía permitir que Caracas vertiera estos insultos sobre el país y sobre todo, sobre sus políticos, por lo que se citó al embajador de Venezuela en el país, Mario Isea. Isea mantuvo una reunión de 5 minutos con el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez-Olea, quien le expresó el malestar del Gobierno por las palabras del mandatario venezolano.
A su vez, el Gobierno venezolano convocó al embajador de España en Caracas, a quien le presentó un dosier con todas las declaraciones que los líderes de nuestro país habían hecho sobre Maduro y sobre Venezuela. Al embajador le fue comunicado además que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las relaciones bilaterales.
Más tarde el propio Maduro confirmó que estas revisiones y sus respectivas medidas tendrán lugar muy pronto, y que serán de carácter político, económico, popular, social y diplomático. A la espera de que se lleven a cabo, es importante valorar la gran presencia de empresas españolas en el país y lo que para ellas supondría un enfriamiento de las relaciones. Grandes compañías como BBVA, Banco Sabadell, Acciona, Mapfre, Iberia Inditex, Iberdrola, Meliá o Banco Popular están instauradas en Venezuela gracias a los acuerdos bilaterales que hay entre España y el país latinoamericano.
Por poner un ejemplo, Telefónica tiene 4,5 millones de clientes en Venezuela, y su salida del país o la obstaculización del desempeño de su actividad empresarial en el mismo, podrían suponer unas pérdidas de 1.000 millones de euros para la compañía. De hecho, hace poco más de un mes, surgieron rumores que señalan que algunas de estas grandes compañías ya estarían recibiendo amenazas a cerca de la expropiación de sus filiales en Venezuela si no cesa el cruce de acusaciones entre ambos países.
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