La decisión llega después de haber valorado los desafíos técnicos "y excepcionales" a los que tienen que hacer frente tanto los reguladores como todos los agentes del mercado. La Comisión ha determinado que efectivamente era necesario dar un año más de plazo a todos los agentes que se verán afectados por la MiFID II para poder adaptarse a la nueva Directiva. "La razón para extender el plazo tiene que ver con la compleja infraestructura técnica que se necesita para que la norma pueda funcionar de forma efectiva", señalaba la Comisión en un comunicado.
La Autoridad Europea de Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) tiene que recoger datos de 300 mercados sobre alrededor de 15 millones de instrumentos financieros. La propia ESMA informó a la Comisión de que ni las autoridades ni los mercados habrían tenido listo los sistemas para el 3 de enero de 2017, cuando se había previsto su puesta en marcha. "A la luz de estas circunstancias excepcionales y para evitar cualquier incertidumbre legal o incluso una posible perturbación del mercado, se ha considerado que la extensión del plazo era necesaria", reconoce la Comisión.
"Dada la complejidad de los desafíos técnicos destacados por ESMA, tiene sentido ampliar el plazo para la MiFID II. Daremos a la gente otro año para preparar adecuadamente y hacer los cambios necesarios en sus sistemas. Mientras tanto, seguimos adelante con la legislación necesaria para implementar la nueva Directiva, y esperamos anunciar las medidas muy pronto", declaró el comisario de Servicios Financieros, Jonathan Hill.
El retraso, sin embargo, no tendrá ningún un impacto en la adaptaciones del nivel II previsto en el calendario. La Comisión Europea ha asegurado que procederá a su adopción con independencia de la nueva fecha de entrada en vigor de la MiFID II, lo que a su juicio, proporcionará la seguridad jurídica de las nuevas disposiciones.
La Directiva llega para hacer más competitivo el mundo de los instrumentos financieros y, como recuerda la Comisión en una nota, fue creada precisamente en respuesta a la crisis financiera para ayudar a forjar un mercado financiero más competitivo e integrado dentro de la Unión Europea. La nueva normativa busca mejorar la calidad del asesoramiento, la transparencia, introducir nuevas normas en la negociación de alta frecuencia y reforzar la protección de los inversores.
"Estas reglas harán que los mercados financieros sean más eficientes, flexibles y transparentes, y se cree un entorno más estable para los mercados de valores, la inversión y el comercio en el conjunto de la Unión Europea", añade la Comisión.
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