El Gobierno ha anunciado el arranque de la privatización parcial de AENA, una de las pocas joyas de la corona que le queda al Estado. La compañía en los últimos años se ha convertido en el bote salvavidas para enderezar las cuentas públicas por el impacto de las crisis económicas. En 2010, el Gobierno de Zapatero dio los primeros pasos para encontrar capital privado que entrara en el gestor portuario. El Ejecutivo anterior manejaba una valoración de 30.000 millones por la empresa. Desde entonces no ha hecho más que caer en picado. Actualmente, el equipo directivo estima que vale alrededor de 16.000 millones.
AENA ha sido la baza para generar ingresos extras. Incluso ha formado parte de los planes enviados por el Ejecutivo para cumplir las exigencias de Bruselas, pero las duras condiciones de los mercados y la complicada situación financiera de la compañía han impedido su privatización. La caída del tráfico aéreo en España ocasionado por la crisis golpeó con fuerza a la mayoría de aeropuertos gestionados por AENA. Gran parte de ellos han estado en pérdidas en los últimos años lastrando las cuentas de la empresa pública. Además, AENA tenía que gestionar una abultada deuda que alcanzaba los 12.500 millones después de afrontar las ampliaciones del aeropuerto de Barajas y El Prat.
El último intento de privatización fue en los últimos meses de la última legislatura de Rodríguez Zapatero por las concesiones del aeropuerto de Madrid y Barcelona, los más rentables de la red que gestiona AENA. Pero caducidad del Ejecutivo y la falta de financiación de las empresas que pujaban obligó a suspender el concurso.
Pero el problema de la empresa más que de endeudamiento era de generación de beneficio. Por primera vez en su historia ha entrado en beneficio al registrar unas ganancias netas de 597 millones de euros. El Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo las intenciones de privatización y puso manos a la obra para dejar a AENA lista para su privatización al equipo de José Manuel Vargas que afrontó un duro ajuste. La empresa ha reducido la plantilla un 14%, 1.200 trabajadores, ha reducido la deuda un 20% desde los 12.500 millones de 2011, el Ebitda se ha duplicado en dos años hasta los 1.610 millones, se ha cambiado la política de explotación de las aéreas comerciales y se ha sacado a concurso los duty-free.
A AENA se la ha transformado de arriba abajo para hacerla atractiva a los nuevos inversores. Pero, ¿es el mejor momento para desprenderse de parte de la compañía? La decisión abre dudas sobre el timing y la forma de la operación que planea Fomento. Es incuestionable la mejora de las condiciones del mercado para sacar el 28% a Bolsa. Las últimasOPV’s ha sido acogidas con gran expectación. Y el capital extranjero busca oportunidades en los activos españoles, por lo que no debería encontrar dificultades el Gobierno para cerrar un núcleo duro de inversores que se repartieran el 21% de la empresa. Sin embargo, no sería más beneficioso para las cuentas del Estado posponer la privatización para maximizar la rentabilidad de la empresa, una vez que ha comenzado a generar dinero. Las perspectivas de AENA después del saneamiento son más que favorables con una recuperación incipiente de la economía mundial que podría impulsar los ingresos gracias al incremento del tráfico aéreo. Para este mismo verano se espera una subida del número de vuelos nacionales e internacionales.
La decisión se hace más difícil de comprender cuando, hoy por hoy, no acucia la venta sin la fuerte presión por cumplir el déficit de años anteriores. Y más cuando los fondos obtenidos de la privatización se destinarán para nuevas inversiones. Si la operación sigue la hoja de ruta prevista, generará unos ingresos de algo de 2.500 millones, teniendo en cuenta la actual valoración de 16.000 millones, a este monto hay que restar los 11.000 millones de euros que aún acumula de deuda. Una cantidad irrisoria en comparación con los anteriores planes de privatización.
El Ministerio de Fomento ha sido sensible a la mejora de condiciones de la privatización de AENA. Inicialmente, estaba previsto que el Estado se iba a desprender del 60%, en lugar del 49% anunciado, que deja al Estado como accionista. En condiciones normales, esta posición debería ahuyentar a potenciales socios acostumbrados a gestionar infraestructuras, salvo que el Gobierno ya los tenga casi cerrados. Los potenciales inversores acudirán en proceso de concurrencia para hacerse con el 21% en paquetes del 7%. El presidente de AENA, José Manuel Vargas, ha dejado entre ver que acudirán empresas de infraestructuras y fondos soberanos; pero lo cierto es que la inversión es propicia para inversores financieros que esperen altas rentabilidades al final del ejercicio.
La privatización de AENA abre interrogantes en la futura gestión de la compañía. De momento, ha despertado el recelo de los sindicatos que ven más recortes de plantilla con la entrada de nuevos inversores. Los últimos conflictos laborales ha dejado de relieve la importancia estratégica de AENA para el transporte y el conjunto de la economía. El Gobierno se ha comprometido a mantener el control accionarial, pero no se ha manifestado si cederá el control operativo de la compañía. Viendo los resultados actuales, se hace difícil pensar en un mejor equipo gestor que actual.
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