El Gobierno del PP con el objetivo de acabar con el déficit en este sector eléctrico, ordenó que se acabase con esta deuda a costa del esfuerzo de dos agentes: los consumidores, incrementando la factura de la luz, y los productores de renovables, cogeneración y residuos, que han visto cómo disminuía su salario en 3.000 millones de euros al año, explican ambas entidades.
La orden ministerial que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables constaba de 1.700 páginas repletas de números para justificar un recorte que, supuestamente, pretendía homogeneizar la rentabilidad de todas las instalaciones afectadas, por lo que es bastante compleja. "La metodología de cálculo resulta, por tanto, crucial para demostrar que se ha tratado a todos por igual y que no ha existido trato de favor de unas instalaciones respecto de otras", advierten.
Por recomendación de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Industria encargó dos informes a sendas consultoras internacionales, que iban a aportar criterios técnicos objetivos e independientes para avalar la metodología del Ministerio en la adopción de la orden de parámetros con la que se consagraron los recortes. El presupuesto de la contratación fue superior al medio millón de euros.
Pero "sorprendentemente, el proceso ha carecido de la más elemental transparencia y hasta que el Tribunal Supremo, en el ámbito de los cientos de recursos presentados contra la Orden, no ha requerido al Gobierno que aportara la información que ha utilizado para efectuar los recortes, no se han empezado a conocer algunos detalles del mismo", añaden.
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