Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, suma un nuevo disgusto a su mandado. Tras ser reelegida el pasado año en una elecciones muy ajustadas, la líder del Partido de los Trabajadores ve cómo se desmorona su mandato.
El último capítulo gira en torno a las cuentas presentadas por su Gobierno para 2014. Según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), los balances ‘pecaban’ de haber sido maquillados. Por lo tanto, el organismo ha decidido no aceptarlas, algo que sólo ha pasado dos veces en los 80 años de historia del TCU.
Según el Tribunal, las irregularidades afectarían a unos 1.000 millones de euros. Para intentar salir del paso, el ministro Augusto Nardes has señalado que "los actos fueron practicados para evidenciar una situación fiscal incompatible con la realidad" ya que en 2014 se vivió un "desgobierno fiscal".
De esta forma, la presidenta habría cometido un "delito de responsabilidad", lo que podría derivar en su destitución, algo que la oposición y gran parte de los ciudadanos brasileños piden desde hace tiempo por la situación económica y social que vive el país.
La decisión del TCU llega en un momento en el que el Gobierno de Brasil pasa por malos momentos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha decidido reabrir el proceso para investigar la campaña electoral de la presidenta.
La justicia determinará si hubo irregularidades en la campaña de la Dilma Rousseff en cuestiones como abuso de poder o irregularidades en las cuentas.
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