El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se reunía en la tarde del pasado lunes, con “carácter de urgencia”, con inspectores de Hacienda, Seguridad Social, jueces, fiscales y diferentes asociaciones de empresarios tras conocerse el pacto acordado por PSOE y Junts per Catalunya. Una situación que su presidente, Antonio Garamendi, tilda […]
NacionalDirigentes Digital
| 14 nov 2023
El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se reunía en la tarde del pasado lunes, con “carácter de urgencia”, con inspectores de Hacienda, Seguridad Social, jueces, fiscales y diferentes asociaciones de empresarios tras conocerse el pacto acordado por PSOE y Junts per Catalunya. Una situación que su presidente, Antonio Garamendi, tilda de grave al “afectar de forma directa al principio de igualdad de todos los españoles”.
El líder de la mayor patronal empresarial de España comparecía ante los representantes institucionales para tratar el “preocupante” momento que vive la nación, analizando, desde el punto de visto económico y empresarial, todos los ámbitos a los que la ley de amnistía perjudicaría. Destaca la “reacción unánime de los jueces y funcionarios públicos” ante la gravedad del acuerdo, poniendo en peligro los estatutos base de los poderes y la seguridad jurídica.
Un discurso en el que Garamendi advirtió, como deber que asume la CEOE, que “se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.
Legalizada la amnistía, la visión del mercado global hacia el tejido empresarial español se debilitaría, ante la desunión del conjunto empresarial, provocando un “deterioro de nuestra imagen en el exterior, clave para nuestra competitividad, para la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y el bienestar de la sociedad española”, puntualiza el presidente.
Algunas de las grandes compañías españolas, como CaixaBank o Naturgy, con sede en Cataluña, abandonaban la región en 2017 tras el referéndum ilegal separatista celebrado el 1 de octubre. Uno de los puntos pactados entre PESOE y Junts es, precisamente, atraer a esas y otras muchas empresas al territorio catalán.
Haciendo mención a lo sucedido, la patronal defendía en la reunión el “derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad”. Garamendi quiso incidir en este aspecto, en el que se debe promover y garantizar un territorio seguro para el tejido empresarial y su actividad laboral, de manera que puedan estar amparados institucional y jurídicamente, además de ser proclives a inversiones extranjeras.
Uno de los puntos pactados por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont es la remisión del 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creada en 2021 por el Gobierno ante la crisis económica existente. Condonación que afectaría al resto de comunidades autónomas, especialmente a las que mantienen su deuda más baja, y que pasarían a asumir el pago de 15.000 millones de euros.
La CEOE recordó “el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas”. La Unión Europea exige adherirse a principios y políticas que garanticen la sostenibilidad del Estado español, de tal manera que se mantenga un equilibrio fiscal a largo plazo sin que ello suponga la acumulación de más deudas. De este modo, se estaría "dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario".
Una preocupación añadida para las empresas españolas que, según indicaba Garamendi, supone “una falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en material laboral”.
