Ricos más, ancianos menos y control para todos. Así podría resumirse el espíritu de la reforma tributaria que aprobó el Congreso de Chile y que aumenta el impuesto a las fortunas, reduce la carga de ancianos y pymes. Tras un año y medio de iniciado su tratamiento, el proyecto de Ley fue aprobado la última semana […]
InternacionalDirigentes Digital
| 10 feb 2020
Ricos más, ancianos menos y control para todos. Así podría resumirse el espíritu de la reforma tributaria que aprobó el Congreso de Chile y que aumenta el impuesto a las fortunas, reduce la carga de ancianos y pymes.
Tras un año y medio de iniciado su tratamiento, el proyecto de Ley fue aprobado la última semana de enero por el Congreso, que trabajó más perentoriamente acuciado por el levantamiento popular de octubre.
El texto, emanado del Ejecutivo, aumenta a 40% el techo de tributo personal (era de 35%), establece una tasa corporativa de 25% (que llega a 27% según su facturación anual) y aplica una sobretasa progresiva de entre 0,07% y 0,27% a inmuebles de mayor cotización.
Concretamente, eleva el tributo a quienes ganan más de 17.250 euros por mes y a quienes tengan viviendas de 400.000 a 1 millón de euros o más, al tiempo que grandes empresas deberán de tributar 27%, según lo publicado por el Congreso.
Se establece también, además de otros casos puntuales, un tributo a plataformas digitales que ofrezcan servicios provistos por empresas extranjeras sin domicilio en Chile (como Netflix, Spotify, Airbnb y Uber Eats). No es el caso de Uber, que tiene sociedad legal en el país.
“Esta reforma recauda casi 1 punto del PIB y es una reforma progresiva porque afecta a las más altas rentas del país”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien calificó al sistema de recaudación como “más simple y más eficiente”.
Hacienda estima aumentar en hasta 2.200 millones de dólares la recaudación tributaria anual, fondos que el Ejecutivo planea utilizar para encarar otras demandas llevadas a las calles, como salario mínimo, aumento de pensiones y mejoras al sistema de salud.
Su aprobación “marca un hito, ya que es la primera reforma emblemática del Ejecutivo que logra aprobarse íntegramente en el Congreso”, señaló Sebastián Valdenegro, especialista en economía y editor del Diario Financiero de Chile.
Aunque no es parte de esa ley, la “convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios”, que aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores, apunta también en la misma dirección.
Se trata del instrumento MLI, previsto por la OCDE y que ya rige en 38 países, para modificar el sistema de tributación internacional y combatir la evasión fiscal. De no existir este convenio, “los países tendrían que renegociar y modificar bilateralmente uno a uno sus convenios con sus contrapartes, lo que es difícil e ineficiente”, argumenta el Senado.
Las protestas que estallaron en 2019 en Chile (uno de los dos únicos latinoamericanos, junto con México, miembros de la OCDE), costaron a su economía unos 2700 millones de euros, equivalentes a 1,08% del PIB, según estimaciones del Gobierno.
El daño en infraestructuras fue de 4.100 millones de euros, de los cuales 275 millones resultan de la destrucción causada en 70 estaciones del metro de Santiago, de acuerdo con datos de la Cámara Chilena de la Construcción.
El Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento para 2020 a un máximo de 1,5% desde su estimación de 3,75% previa a las manifestaciones.
