Colombia, miembro de la Ocde desde 2020, es escenario de una campaña para reducir gases de efecto invernadero mediante un impuesto al consumo de carne y lácteos, cuya producción representa un 14,5 % de todas las emisiones, según Tapp, la ong que impulsa la acción. Para el consumidor, el efecto inmediato de la medida sería […]
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| 16 ago 2022
Colombia, miembro de la Ocde desde 2020, es escenario de una campaña para reducir gases de efecto invernadero mediante un impuesto al consumo de carne y lácteos, cuya producción representa un 14,5 % de todas las emisiones, según Tapp, la ong que impulsa la acción.
Para el consumidor, el efecto inmediato de la medida sería un aumento en los precios, pero en contrapartida, la recaudación se utilizaría para mejorar la calidad de su alimentación al tiempo que se beneficia al ambiente, sostienen los autores de la campaña.
La iniciativa busca reducir la huella ecológica de esa industria, cuyos gases serán “el 81% de emisiones de 1,5 °C en 2050 si no se reduce el consumo”, sostiene la ong Tapp (sigla en inglés de “El verdadero precio de la proteína animal”, en traducción libre) .
“Los objetivos climáticos no se pueden alcanzar sin políticas para reducir el consumo de carne”, le dijo al diario colombiano El Tiempo Jeroom Remmers, director de esa organización, para quien “se debe gravar la carne como se hace con los combustibles fósiles”.
“Necesitamos comer menos carne para reducir, también, la deforestación, mejorar la salud pública y disminuir los costos de atención médica como resultado de su consumo excesivo”, agregó Remmers.
Colombia cuenta con 30 millones de animales, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, oficial). En algún momento se llegó a hablar de una tasa de 15.000 pesos colombianos por cabeza, lo que daría una recaudación equivalente a unos 99 millones de euros.
Un eventual aumento del tributo ha sido recibido con controversias por parte de la población. Las autoridades tributarias de Colombia no se ha pronunciado aún sobre la cuestión, como tampoco lo han hecho gobiernos de otros países de Latam consumidores y productores, como Argentina y Brasil.
Luis Reyes fue, en 2020, uno de los impulsores de “impuestos verdes” para obtener recursos con los que atacar la pandemia. Hoy, convertido en titular de la Dirección de Impuestos del nuevo Gobierno de Gustavo Petro, niega contemplar la idea, según declara en su Twitter.
La coalición Tapp, en tanto, se propone que adhieran al tributo los 50 principales países consumidores y ha logrado que la carta con que desarrolla su campaña lleve la firma de empresas y 5000 ONGs de 100 países que tienen como argumento de fondo el Acuerdo de París.
El sector ganadero ha expresado que el gobierno del izquierdista Petro necesita más de 11.200 millones de euros para ejecutar los programas sociales que prometió en campaña. “Por eso la reforma tributaria que presentará el 7 de agosto tiene nervioso a más de uno”, concluye la publicación Contexto Ganadero.
