Europa da un salto para consolidar la Unión

La Unión Europea se ha caracterizado durante años por su desunión a la hora de afrontar los problemas. Intereses contrapuestos que observaban con recelos una estructura burocrática creciente que cada vez tomaba más atribuciones que pertenecen a los estados. La incógnita es si el acuerdo de finales de julio conseguirá alejar a la Unión de sus vicios recientes.

Quienes se fueron a dormir el pasado lunes 20 de julio se levantaron el martes con la noticia de que la Unión Europea había alcanzado un acuerdo ‘histórico’. Las redacciones permanecieron en vela durante la noche para informar de que el Consejo Europeo había conseguido desatascar unas negociaciones que se habían prolongado durante cuatro días y cuatro noches.

Los 27 dirigentes de los países de la Unión Europea, así como el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, negociaron la propuesta inicial de esta última, sabiendo que cualquier acuerdo sería calificado como histórico. La urgencia de la crisis y el miedo a que la Cumbre fuera un fracaso alentó a los diferentes líderes a renunciar a sus exigencias, si bien acabaron firmando condiciones que habrían sido impensables en otras circunstancias.

En primer lugar, acordaron poner en marcha un fondo de recuperación, bautizado como ‘Next Generation EU’, dotado con 750.000 millones de euros. De ese modo, el fondo junto con el resto del Marco Financiero Plurianual (MFP) -el presupuesto europeo de los próximos 7 años- cuenta con 1,8 billones de euros para invertir y rescatar la economía europea, un montante que representa el 4% del PIB de 2019 de la Unión Europea.

Además del tamaño, el fondo se distingue por su composición. Von der Leyen propuso que, de esos 750.000 millones de euros que lo componen, 500.000 millones se distribuirían a los estados por medio de transferencias, y los 250.000 millones restantes, en préstamos. España, Francia e Italia, los principales partidarios de mantener el peso de las transferencias sobre el total, encontraron la dura oposición de los ‘frugales’, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, capitaneados por Países Bajos.

Finalmente, el enfrentamiento obligó a ambos bloques a encontrar un punto intermedio. En lugar de los 500.000 millones iniciales, las transferencias no reembolsables quedan en 390.000 millones, de modo que los 360.000 millones restantes se distribuirán en forma de créditos.

La última decisión que hace de este un acuerdo histórico es la de endeudarse. Desde el principio, países como España e Italia defendieron que la Unión Europea debía dar un paso para compartir los riesgos de esta crisis y echar una mano a los socios más desfavorecidos. En otras palabras, que las muy lastimadas administraciones (la deuda de España representa el 120% de su PIB, el 137% en el caso de Italia) no tuvieran que soportar más deuda, sino que el club comunitario en conjunto se endeudara para facilitar los fondos.

Así, los países miembros acordaron acudir a los mercados para financiar los 750.000 millones de euros del plan, de modo que tendrán hasta 2026 para obtener dichos fondos. El límite para reponer la deuda finaliza en 2058, según han dispuesto los dirigentes europeos. Michel habló de que esta decisión supone “renovar los votos matrimoniales europeos por los próximos 30 años”, lo que contrasta con la visión de la canciller alemana, Angela Merkel, que en la anterior crisis afirmaba que no habría deuda conjunta europea mientras ella viviera.

El enfrentamiento obligó a ambos bloques a encontrar un punto intermedio

En este caso, las prisas acucian más a España, Italia y Francia que a los frugales, por lo que las renuncias han sido más destacables en este lado. En la ronda de visitas a sus homólogos europeos que realizó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez pasó de afirmar que los 500.000 millones de euros en subvenciones eran el punto de partida a decir que todas las visiones del proyecto eran igual de válidas, refiriéndose a las reticencias de los frugales a conceder transferencias.

Merkel, por su parte, ha recibido las alabanzas de gran parte de los líderes europeos. Su cambio de postura con respecto a 2012 y su liderazgo en las negociaciones tienen que ver con el interés de su país en que España e Italia consigan recuperarse de la crisis, dado que son mercados muy importantes para Alemania. En cambio, los frugales no dejaron de preguntar a Sánchez en sus visitas por qué la Unión Europea tendría que dar a España fondos gratis.

Un cambio de rumbo para la Unión

A pesar de las desavenencias en las negociaciones y los regateos en el tamaño del fondo, en las instituciones europeas se ha acogido el acuerdo con “satisfacción”. Fuentes de la Comisión Europea explican a DIRIGENTES que “se trata de un logro importante”, refiriéndose también a que el reparto de fondos está ligado a que los países elaboren planes para el desarrollo de la digitalización y la economía verde.

De ese modo, el organismo comunitario subraya la “ambición” del plan. Por su parte, desde el Comité Económico y Social Europeo (CESE) dicen a este medio que uno de los avances más notables junto a la contundencia de la respuesta es la rapidez: el plan se ha aprobado apenas dos meses después de que von der Leyen anunciara su propuesta, y está previsto que se faciliten el 70% de los fondos entre 2021 y 2022.

A pesar de esos motivos para el entusiasmo, también existen notas negativas. La Comisión Europea reconoce a este medio que “también hay algunos resultados menos positivos”. Entre ellos, que el tamaño del MFP, excluyendo el Plan de Recuperación, es más pequeño que en ocasiones anteriores y, como consecuencia, se reducen algunos programas de investigación, Erasmus o sanitarios. Una de las causas es que la salida de Reino Unido ha dejado “un agujero de 70.000 millones” en las arcas europeas, dicen desde la Comisión.

El plan se ha aprobado apenas dos meses después de que von der Leyen anunciara su propuesta

También estaba previsto que se incluyeran condiciones para asegurar el respeto a los valores democráticos y sociales de la Unión Europea, pero dichas cláusulas fueron retiradas en los últimos momentos. El CESE lamenta este hecho y explica que “el respeto de los valores europeos comunes no es negociable y todas las medidas políticas deben respetar plenamente nuestros valores comunes”.

Además del foco en la digitalización y la transición ecológica, el acuerdo incluye otras condiciones que tienen que ver con la vigilancia y la devolución de los fondos. En lo que respecta a la gobernanza, los países más reticentes pueden darse por satisfechos con que el estudio de los planes se realizará de manera conjunta.

Si los líderes europeos consideran que las reformas son oportunas, se otorgarán los fondos. De lo contrario, la aplicación de la hoja de ruta puede ser objeto de debate en el siguiente Consejo Europeo. Esto es, un estado miembro puede revisar y estudiar las cuentas de los demás si considera que “hay desviaciones graves” y llevar dicha revisión a la siguiente reunión del Consejo. Esto supone orillar el papel del Parlamento Europeo, a lo que el CESE añade que se trata de un mecanismo “como mínimo, enrevesado”.

En adición, se ha dispuesto la imposición de cuatro nuevas tasas que deberán recaudar los estados pero que se destinarán a las arcas de la Unión Europea para pagar la deuda. El primero que se impondrá gravará los residuos plásticos no reciclados, que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene. Junto a ese, se anunciarán en la primera mitad de 2021 otros dos que deberán estar en marcha en 2023: uno referido a las emisiones de carbono, que pretende recaudar entre 5.000 y 14.000 millones de euros al año; y otro dirigido a gravar la facturación de las grandes compañías digitales, que puede aportar a las arcas de la UE 1.300 millones de euros.

Aunque el Consejo Europeo no concreta en sus conclusiones, afirma que estudia la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión para que estos impuestos también afecten al transporte aéreo y marítimo, que puede aportar 10.000 millones de euros. Por último, los dirigentes europeos apuntan a otro impuesto más que grave las transacciones financieras, aunque no se precisan más detalles.