Francia, paraíso de los impuestos

Como todo presidente de la República, Macron tiene su gran protesta en las calles. Y parece que, como sus antecesores, el nuevo paladín de Europa, el político destinado a reformar Francia, ha cedido. Macron no ha aguantado el desafío político.

Francia aparece como el enfermo de Europa, como la gran potencia incapaz de modernizar sus estructuras económicas por la confluencia de intereses creados durante décadas de la conjunción del complejo industrial estatal, la importancia de los sindicados o el peso de un mundo rural que representa todavía una parte significativa de su PIB.

Los chalecos amarillos se han ‘cargado’ la subida fiscal de Macron. Tras semanas de silencio sobre las protestas, el Presidente de la República tuvo que apaciguar las protestas de los chalecos amarillos dando marcha atrás y anunciado una batería de medidas sociales, como la subida de los salarios mínimos o una rebaja fiscal para la mayoría de los pensionistas. A cambio, habrá un mordisco de 10.000 millones de euros a las arcas públicas.

Además de mostrar la debilidad política de un dirigente que pierde fuelle desde hace un año, incapaz de conseguir una verdadera reforma de la eurozona como había prometido, las protestas de los chalecos amarillos ponen de nuevo el foco en la elevada presión fiscal de Francia, vista como un ‘Estado rapaz’, según un reciente editorial del Wall Street Journal. Y eso que los hidrocarburos no son precisamente la gran parte del pastel.

En toda la eurozona, los impuestos a los hidrocarburos, según los últimos datos de la Comisión Europea, han caído en los dos últimos años. Tocaron el 70% del coste que pagan los consumidores por el litro del combustible, pero ahora han caído diez puntos y sólo representan el 60,9% del precio.

Francia no está a la cabeza de esta tributación, aunque sí va en el grupo delantero, liderado por los Países Bajos, donde un 68% del coste del hidrocarburo son impuestos. En Francia, representan el 64% de la gasolina normal y el 59% del diésel, niveles idénticos a Reino Unido o Italia y superiores en 10 puntos a los que sufren los combustibles en España. En Alemania el 59% del coste de la gasolina y el 50% del diésel son impuestos.

Una elevada fiscalidad no siempre equivale a precios altos de los combustibles, porque detrás de estos está la dependencia energética exterior de un país, sus infraestructuras o su capacidad de refino. Con un porcentaje similar de tributos en el coste final, el diésel italiano es de media siete céntimos más caro por litro que el francés y quince céntimos si hablamos de gasolina. Aun así, Francia sigue siendo el paraíso de los impuestos entre las economías desarrolladas.

La mayor presión fiscal entre los países desarrollados

La carga de los impuestos en Francia está, según los últimos datos publicados por la OCDE, por encima de los países del norte de Europa, asociados tradicionalmente con elevados impuestos para garantizar su potente Estado de Bienestar.

Su recaudación fiscal representó el 46,2% de su PIB en 2017, superando ligeramente a Dinamarca y despegándose en casi diez puntos frente a la de la otra locomotora de la eurozona, Alemania. La OCDE señala que la presión fiscal en Francia es 12 puntos superior a la de la media de los países desarrollados y casi veinte más que la estadounidense.

Son las clases medias y las empresas, en forma de costes laborales, los que asumen la mayor parte de esta carga, por encima de las rentas altas. Un caldo de cultivo perfecto para el malestar de los chalecos amarillos. Las contribuciones a la Seguridad Social gala suponen el 37% de los ingresos tributarios del país, muy por encima de la media de la OCDE, con sede precisamente en París.

Sin embargo, el IVA y otros impuestos especiales al consumo aportan sólo el 24% de los ingresos tributarios, casi diez puntos menos que en los países desarrollados. Una tendencia contraria a las recomendaciones de organizaciones como el FMI, que apuestan por reducir la carga sobre el trabajo y orientarla más hacia el consumo para fomentar la inversión empresarial y facilitar que los trabajadores cuenten con mayor renta.

Al llegar al poder, Emmanuel Macron eliminó la supertasa a las rentas altas como medida para incentivar el regreso del capital galo residente en países como Luxemburgo, Suiza o Bélgica. El actor Gérard Depardieu o el presidente de Louis Vuitton, Bernard Arnault, que acaba de superar a Amancio Ortega, dueño de Inditex, como hombre más rico de Europa, habían decidido situar su residencia fiscal precisamente en Bélgica. Las estimaciones del gobierno galo calcularon que en los últimos quince años cerca de 10.000 millonarios galos huyeron por la ‘tasa a los ricos’, que gravaba en un 75% los activos superiores al millón de euros.

Macron eliminó el tributo dentro de una nueva estrategia fiscal a largo plazo, con el horizonte del fin de su mandato en 2022, para fomentar también la competitividad y atraer la inversión extranjera precisamente en un momento en el que las empresas cuestionaban sus sedes en Londres y veían París como posible destino. Aun así, Francia con su tasa del 80% sobre bienes inmuebles sigue penalizando más a la propiedad que sus vecinos y recauda cerca de un 9% de su PIB gracias a este tributo, tres puntos más que en la OCDE.

Desandar las reformas

La marcha atrás en la aplicación de la subida impositiva a la gasolina y al diésel podría ser compensada ahora con otros impuestos a las rentas altas para cuadrar las cuentas públicas. Francia tendrá un déficit en 2019 superior a lo prometido, del 3,2% según acaba de anunciar su primer ministro, Edouard Philippe, e incumplirá el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Desde Oxford Economics señalan que “las empresas francesas parecen estar en una encrucijada. Por un lado, están recibiendo signos positivos de la agenda reformista del Presidente Macron, que pretende reducir su carga impositiva, simplificar la burocracia y fa- cilitar la financiación”. Al mismo tiempo, el instituto económico alerta contra “las fuertes incertidumbres externas e internas” que afrontan las empresas galas. Principalmente porque “las recientes huelgas sobre el combustible suponen un riesgo para la demanda doméstica”.

Preguntado sobre estas tensiones en Francia, el presidente del BCE, Mario Draghi, afirma que “el derecho a protestar es parte de nuestra democracia”, al mismo tiempo que lanzaba un mensaje al mandatario galo en medio de los temores a que desande las reformas emprendidas tras esta suspensión en la subida de los impuestos a los hidrocarburos. “Confío que el gobierno francés afronte estos problemas de la mejor manera”, señaló el banquero central de la eurozona.

Para Draghi, las reformas estructurales aplicadas durante la crisis son básicas para impulsar el crecimiento potencial de la eurozona, y más precisamente ante un horizonte de desaceleración económica y un 2019 donde el BCE empezará el drenaje de su QE. Frankfurt acaba de rebajar una décima sus previsiones de crecimiento de este año y del próximo. El PIB de la zona euro cerrará 2018 con un crecimiento del 1,9% y se desacelera al 1,7% en 2019.

Francia no es ajena a esta ralentización. De crecer un 2,2% el año pasado, cerrará este 2018 en un 1,7% y se estancará durante los unas cuantas décimas menos que el conjunto del continente. “La aplicación de reformas estructurales en los países de la zona euro necesita ser sustancialmente reforzada para aumentar la resistencia, reducir el desempleo estructural e impulsar la productividad de la zona euro y su crecimiento potencial”, ha pedido por enésima vez Draghi.

Una afirmación que podría aplicarse a Francia. Las revueltas ciudadanas de los gilets jaunes apuntan ahora a la reforma de las pensiones que prepara el gobierno Macron, una exigencia de Bruselas. El impulso reformista del presidente de la República pende de un hilo.