Vorbach (CESE): “Hay una necesidad urgente de evitar el estancamiento”

Europa enfrenta uno de los momentos más determinantes desde la fundación de la Unión. El crecimiento económico sostenible e inclusivo, la lucha contra el fraude fiscal o el desarrollo del proyecto europeo aparecen entre las prioridades del Comité Económico y Social Europeo. Así lo explica la consejera del CESE, Judith Vorbach, a DIRIGENTES.

En el dictamen explica que las distintas posiciones de los Estados miembros dificultan la toma de decisiones para avanzar. ¿Qué solución propondría?

No hay una solución fácil que se consiga, por así decir, «apretando un botón». Profundizar la UEM requiere también voluntad política en el Consejo, en cuyo seno están representados los Gobiernos de los Estados miembros, que a su vez dependen de las mayorías democráticas. Esto significa que necesitamos un debate abierto sobre los beneficios comunes que entraña profundizar la UEM. Al mismo tiempo, hace falta una labor de convicción en torno a la idea de que un espíritu de compromiso y solidaridad entre los Estados miembros es la base para lograr la paz y la prosperidad dentro de la UE y aumentar su importancia económica y política en el contexto mundial. Sin embargo, también quisiera hacer hincapié en que, tal como se afirma en el dictamen, para seguir profundizando la UEM es preciso tener muy en cuenta el equilibrio entre los pilares monetario y financiero, económico, social y político. Con este dictamen, que está especialmente destinado al próximo Parlamento Europeo y a la próxima Comisión Europea, el CESE desea aportar la perspectiva de la sociedad civil y contribuir a propiciar la mencionada voluntad política.

Entre los principales retos señala la distribución desigual de rentas y capital. ¿Cómo puede redistribuirse la riqueza? ¿Se necesitaría algún nuevo impuesto?

Hoy en día, las políticas económicas y sociales nos proporcionan una amplia gama de instrumentos para limitar las grandes desigualdades. En este sentido, reviste especial importancia crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, y a esto se suma el refuerzo de los sistemas de negociación colectiva y de la autonomía de los interlocutores sociales, la aplicación de normas mínimas para todos los trabajadores, unos sistemas de renta mínima y la instauración rápida de la Autoridad Laboral Europea.

La propuesta de aplicar un protocolo de progreso social que garantice que los derechos fundamentales en materia social y laboral prevalezcan sobre las libertades del mercado y las normas de la competencia provocó el rechazo de los empresarios durante la elaboración del dictamen. No obstante, hemos podido llegar a un acuerdo sobre la necesidad de alcanzar un equilibrio entre una base económica sólida y una fuerte dimensión social.

Por último, el diseño de las políticas fiscales es también, por supuesto, una forma de paliar la distribución desigual de la riqueza. Para ello es necesario que se adopten de forma consecuente medidas para luchar contra el fraude fiscal y la elusión fiscal abusiva. Otro paso en esta dirección es la reducción de la competencia desleal en el ámbito del impuesto de sociedades. El objetivo general es lograr que la presión fiscal se reparta equitativamente entre la sociedad civil.

Cita que la elusión y la evasión fiscal sigue siendo un problema importante. ¿Cómo pueden incrementarse los ingresos tributarios sin que las empresas se vean perjudicadas o sin que amenacen con salir de las fronteras de la UE?

Si las estrategias de fraude fiscal y elusión fiscal abusiva y la competencia fiscal desleal —por ejemplo, en el ámbito del impuesto de sociedades— suponen una merma de ingresos fiscales en los presupuestos públicos, compensar esta carencia recae principalmente en los trabajadores y los consumidores. Además, las pymes y todas las empresas que cumplen adecuadamente su contribución fiscal también son víctimas de una competencia desleal debido a estas prácticas. En general, unos ingresos fiscales magros contribuyen a la inestabilidad de las finanzas públicas y a una menor inversión pública y pueden obstaculizar la recuperación activa de la coyuntura económica, lo que, en última instancia, también repercutirá en las empresas. Y, en definitiva, una infraestructura debilitada y una limitada demanda interna en Europa conducen, con mayor razón, a la reubicación de las empresas.

Además de esas prioridades, señala otras, como impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo, combatir la pobreza, garantizar el crecimiento de la productividad, crear empleo de calidad y garantizar una mayor estabilidad de las finanzas públicas. ¿Cómo podrían conseguirse todas esas metas sin dejar ninguna de lado?

Evidentemente, estos objetivos no pueden aplicarse todos al mismo tiempo y «apretando un botón». En este caso también es necesario entablar un debate abierto y hacer gala de voluntad política. En el proceso democrático es preciso impulsar estos objetivos con firmeza y constancia y condenar su incumplimiento. Los sindicatos desempeñan un papel clave en este sentido, por lo que es imprescindible garantizar sus derechos y reforzar su posición. El CESE también insiste en la consecución de estos objetivos y recomienda una acción adecuada a escala de la UE.

Usted explica que debe reforzarse la participación del Parlamento Europeo y otras organizaciones de la sociedad civil. Teniendo en cuenta el creciente contexto de fragmentación política y social, ¿ve factible que la voz de la ciudadanía europea cobre más valor?

Sin lugar a dudas. ¿Por qué no sería factible? Una mayor participación del Parlamento Europeo y de las instituciones de la sociedad civil no solo supondría una mayor democratización de la UE (y, por ende, contrarrestaría la posible desafección), sino que, además de la perspectiva nacional, otorgaría más peso a la perspectiva de los partidos y los grupos de interés. Precisamente porque la profundización de la UEM o de la política fiscal es una cuestión que se debate, ante todo, desde la perspectiva nacional, suele ser difícil llegar a un acuerdo, ya que se dejan en segundo plano argumentos importantes que reflejan la perspectiva de los trabajadores. Y llevamos mucho tiempo esperando que se refuerce la necesaria cobertura mediática de las políticas de la UE.

Propone que se haga un mayor uso del euro en un número creciente de sectores, como son la energía, las materias primas y el transporte. Considerando el peso mundial de la economía estadounidense, ¿puede nuestra moneda hacer frente a eso?

La Comisión publicó en diciembre de 2018 la Comunicación «Hacia una mayor relevancia internacional del euro», en la que propone, entre otras cosas, las medidas a las que se refiere usted. Señala que, por ejemplo, en el sector de la energía más del 80 % de las importaciones europeas se calculan y pagan en dólares estadounidenses, aunque los bienes proceden principalmente de Rusia, Noruega, Oriente Medio y África, y el mayor importador mundial es la UE. La Comisión quiere romper esta fuerte dominación del dólar por medio de diversas iniciativas. Creo que es un enfoque muy interesante y positivo. En el dictamen del CESE sobre este tema, subrayamos que la cohesión social, la convergencia al alza y el fomento de la competitividad y la innovación son elementos esenciales para reforzar el papel internacional del euro.

El CESE defiende un presupuesto común de la UE y la existencia de un ministro de Finanzas y Economía para toda la Unión. ¿Qué avances se han producido en ese debate?

Hasta ahora no parece que los pasos que se han dado hacia un presupuesto común de la UE hayan sido demasiado grandes. La Comisión propuso crear una Función Europea de Estabilización de las Inversiones para amortiguar las perturbaciones específicas de cada país dentro del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, con un presupuesto total de 30 000 millones de euros, que es claramente insuficiente para tener un efecto estabilizador. Además, esta iniciativa ni siquiera ha tenido resonancia política. Por otra parte, en la Cumbre del Euro se debatió la adopción de un instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad, y el Reglamento final que se proponga a este respecto tendrá que evaluarse cuidadosamente en cuanto a sus repercusiones sociales y económicas. Desde el punto de vista de los trabajadores, debe rechazarse con firmeza toda eventual condición que socave los derechos sociales.

Por ejemplo, en una Comunicación de la Comisión (COM (2017) 823 final) se menciona la propuesta de un ministro europeo de Economía y Finanzas. El CESE pide que se reanude este debate y subraya que tal ministro o ministra debe tener la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo. Me parecía importante que en este dictamen se recomendara también un homólogo responsable de asuntos sociales y laborales de la UE.

Además de lo que incluye en el dictamen, ¿qué peticiones haría a la nueva Comisión Europea?

Ya he mencionado el protocolo de progreso social al responder a la segunda pregunta. Y felicito encarecidamente a la Comisión por sus esfuerzos para lograr de forma gradual el voto por mayoría cualificada en la política fiscal de la UE. Una transición más rápida al procedimiento legislativo ordinario en este ámbito sería importante. En general, abogo por que se preste mucha mayor atención a los pilares social y político de la UEM para evitar desequilibrios peligrosos que puedan dar lugar a tensiones sociales y socavar la confianza de los ciudadanos en la UE.

¿Cuáles son los principales retos que observa para la década de 2020?

Una cuestión clave será la lucha contra la crisis climática, o contra una catástrofe climática, y la adaptación de nuestras formas de actividad económica para no superar los límites ecológicos de nuestro planeta. Asimismo, los avances tecnológicos, en particular la digitalización y la automatización, brindan oportunidades, pero también riesgos. Hay una necesidad urgente de evitar el estancamiento o incluso sortear que se produzca una mayor divergencia en la distribución de la renta y la riqueza. Si esto no se consigue, en la década de 2020 nos enfrentaremos a una regresión sociopolítica, a un aumento de los movimientos nacionalistas y a una mayor conflictividad social. Como ya se ha señalado, es necesario un enfoque integral que incremente y equilibre en igual medida los pilares político, social, económico y financiero y tenga en cuenta sus complejas interrelaciones.