El fraude de un alimento muy rico: el jamón ibérico

Cuando Constantino Martínez habla del producto ibérico, se pierde un poco en sus emociones, levanta la voz y habla muy rápido: “Lo siento, pero me indigna lo que está pasando”. El empleado de un fabricante de jamones ibéricos de Badajoz no es el único que denuncia prácticas fraudulentas en la fabricación y las ventas de este producto estrella de las navidades españolas. También jugadores del sector, entre ellos también alemanes, hablan de una estructura “mafiosa”. No es sorprendente que hay fraude, considerando que el jamón ibérico es un producto muy rentable que desde 2007 no ha parado de crecer con unas cifras de facturación que han pasado en este tiempo de 183 a 362 millones de euros en 2018, según la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI). La creciente demanda desde China promete que esto sigue así en los próximos años.

El mapa empresarial de este negocio está encabezado por Comapa, que factura con la venta de charcutería tradicional en todo el mundo alrededor de 452 millones de euros al año y es el proveedor estrella de Carrefour. La empresa está investigada por la venta de jamón podrido. Pero Martínez denuncia sobre todo que multinacionales españolas como El Pozo o Campofrío, que también exportan a Alemania, engañan con cruces con el cerdo americano Duroc que se alimenta diferente al cerdo ibérico únicamente a base de piensos: “Con esta práctica fraudulenta se llama comercialmente ibérico lo que no lo es. Solamente el 10% de los tres millones de cerdos en España que se venden como ibérico realmente lo son a 100%. El resto son cruces con otras razas que muchas veces no se etiquetan de manera transparente y se venden a precios demasiado altos por lo que realmente es”.

MUCHAS ETIQUETAS, PERO POCA CALIDAD

En el periodista de investigación Thomas Urban Martínez ha encontrado un aliado potente en su lucha de David contra Goliat. El alemán ha publicado en su periódico Süddeutsche Zeitung un artículo de investigación sobre el fraude de un producto que en los restaurantes españoles cuesta mínimo 20 euros el plato: “El artículo ha puesto toda la atención sobre un negocio multimillonario que engaña al consumidor y pone en riesgo nuestra imagen en la gastronomía, pero también el negocio de los pocos que lo hacen bien”, dice Martínez que apunta al Ministerio de Agricultura que apoya estas prácticas de los grandes grupos: Todo empezó según Martínez cuando el Ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete permitía en 2001 el cruce de diferentes razas de cerdo con el ibérico. “Desde entonces, se puede vender un producto ibérico que ya no lo es y va cada vez peor la cosa, da igual qué partido gobierne”, dice Martínez, que empieza a denunciar la situación desde 2012 cuando empezó a trabajar en el sector.

El Real Decreto 4/2014 confirma lo que decidió Arias Cañete en 2001 y estimula lo que Martínez etiqueta como fraude permitiendo que es producto ibérico lo que solamente se compone del 50% de la raza del cerdo ibérico. “Se hace ver al comprador algo que no es real, por lo que para nosotros es un fraude porque un animal ibérico es aquel que procede de padre y madre ibérica, y no de cruces”, denuncia también Juan Luis Ortiz, secretario de la Denominación de origen “Los Pedroches”. Ortiz critica a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) como uno de los actores principales que promociona y estimula este fraude en el sector. Sin embargo, estos lo niegan y confirman constantes controles de sus miembros y un registro preciso sobre el producto.

UN SECTOR BAJO SOSPECHAS DESDE DENTRO

Martínez critica también a la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber): “No gestiona bien el libro genealógico de los cerdos en el sector”. Para él, el Ministerio de Agricultura debería actuar y proteger el sello ibérico también ante el fraude de que se produzca con el jamón ibérico fuera de España: “Es un escándalo que se exporta el cerdo ibérico a EEUU y otros países para que se puede crear fuera un producto que se llama ibérico sin seguir los estándares de calidad entre ello la estancia del animal en dehesa y la alimentación con bellotas. Viendo las inversiones que hacen los honestos del sector en España, duele mucho”, lamenta Martínez. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree además que se crea mucha confusión con las etiquetas de diferentes colores en las paletas que supuestamente deben dar más información al consumidor sobre la calidad y el origen del producto, pero que más bien confunden. Por ello, exigen un etiquetado “más justo y transparente”.

Martínez no para de hablar y tiene mucho más que decir y lo dice bien en alto, sabiendo claramente a lo que se enfrenta: “Todo lo que digo lo digo como persona particular y ya experto en el sector”. Él sabe que decir la verdad en este sector puede resultar peligroso, por ello muchas fabricantes no quieren que sale su nombre en la prensa. Martínez revela ante Dirigentes que ha recibido varias llamadas que le auguraban “un trágico final” si no se calla: “Pero parece que ahora después de tanta repercusión mediática, también gracias al artículo de Thomas, que se han tranquilizado un poco”. Queda por esperar si el ministerio de agricultura defiende un sello que todavía no se ha podido registrar como marca, pero es importante para la promoción del “made in Spain”: “Por el momento los políticos defienden solamente a los lobbies y no un producto de calidad”, dice Martínez con cierta frustración después de seis años de lucha contra la industria.