La Agencia Tributaria define el Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables como un tributo para aquellos que tengan estas características y se presenten vacíos o bien conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo o presentando mercancía. Es decir, una nueva figura fiscal que gravará con 0,45 euros cada kilogramo de plástico que contengan los productos que compramos. Deriva de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y entrará en vigor el próximo 1 de enero.

El objetivo es, en principio, disuasorio, con la idea de que no se usen los llamados y contaminantes plásticos de un solo uso que proliferan en nuestra cesta de compra y que contienen fruta, bebidas, ensaladas y todo tipo de productos, siempre, claro está, que no estén reciclados, y favorecer, de este modo, la economía circular.

Cómo impactará el impuesto en la cesta de la compra

Con este impuesto a los envases de plástico, desde Afi, Analistas Financieros Internacionales esperan que, aunque en principio el nuevo impuesto no tenga afán recaudatorio de origen, pueda suponer ingresos para el Estado del orden de los 2.000 millones de euros anuales.

El problema es que el trasvase de los numerosos costes que supone- y que ahora veremos-es más que posible que revierta en un nuevo aumento de los precios de la alimentación, ya sobrecargada de incrementos, con la subida exponencial de la inflación, incluso en septiembre a pesar de la caída al 9% del indicador.

De hecho, se espera que revierta del orden de un 7% en el encarecimiento de los precios de todos los productos que se comercialicen en envases pequeños para compensar los cambios que debe realizar el sector y sus costes añadidos.

Las empresas, a favor del retraso en su puesta en marcha

Muchas son las dudas y divergencias que este nuevo impuesto desata en el sector, en especial, en este momento concreto en el que, por un lado, el mercado no está preparado para este drástico cambio y pro el otro, con un incremento de costes añadido al que ya provoca en las empresas la inflación y, en especial, la energía en sus procesos.

Así, desde FIAB, la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, cifran en más de 7.000 millones la cantidad de inversiones necesarias para que el sector se pueda adaptar al impuesto de envases de plástico y consideran que no es aplicable, mientras piden diálogo con la administración para que se pueda plantear un periodo transitorio, en aras de alcanzar el equilibrio entre los costes y el avance ante un sistema que sea medioambientalmente responsable.

Esa cantidad, claramente por encima de los 7.000 millones, parte de varios problemas que suscita la norma en las adaptaciones. El primero es la inversión de unos 6.270 millones para establecer los nuevos objetivos de reutilización de los envases. Pero también para poder reducir el 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso en 2030. También se suma al incremento que supone el coste de la Responsabilidad Ampliada del Productor, con 490 millones y esa misma cantidad, que generará el impuesto a los envases de plástico.

Los efectos perniciosos de la entrada en vigor en enero, sin una demora que el sector, con periodo de transición incluido cree necesario, serían devastadores. FIAB calcula que puede suponer el cierre de hasta 2.400 compañías, más el 7% del total. Además, considera que se verían especialmente afectadas las pymes, pequeñas y medianas empresas alimentarias, a las que sumar además las de carácter rural.

Desde AECOC, la Asociación España de Fabricantes y Distribuidores, afirman además que no hay en España suficiente cantidad, pero tampoco calidad, de plástico reciclado para hacer frente este cambio drástico para dejar de lado este tipo de envases.