10 días después de la aprobación de la Ley de Vivienda, DIRIGENTES entrevista José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), para analizar la situación actual de las viviendas de la Sareb, su opinión sobre la nueva norma y su propuesta para sacar adelante un Pacto de Estado de Vivienda. En […]
NacionalDirigentes Digital
| 08 may 2023
10 días después de la aprobación de la Ley de Vivienda, DIRIGENTES entrevista José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), para analizar la situación actual de las viviendas de la Sareb, su opinión sobre la nueva norma y su propuesta para sacar adelante un Pacto de Estado de Vivienda.
En este momento, la información que tenemos es que no deja de ser una promesa electoral que no se he concretado. No sabemos dónde se pretenden desarrollar esas promociones ni en qué estado se encuentra ese suelo. Conociendo el mercado inmobiliario y cómo es el mercado de la promoción y la gestión del suelo, tenemos serias dudas de que esto sea factible en el corto o en el medio plazo.
Esto no es posible llevarlo a cabo, bien porque estas propiedades están en zonas sin demanda, es decir están desubicadas. O bien porque esas viviendas no están en condiciones de ser utilizadas porque están vandalizadas, porque ni siquiera están terminadas o, en el peor de los casos, están okupadas. Se trata de un paquete de viviendas que es el resto que tiene la Sareb desde el año 2011 que se fue enajenando. Son los activos tóxicos de lo tóxico que queda después de 11 años.
Las primeras proyecciones que tenemos es que, a nivel nacional, no hay ni 2.000 viviendas que puedan ser puestas a disposición de demanda de alquiler en zonas tensionadas en un corto plazo. Por ejemplo, en el municipio de Alcorcón, colindante a Madrid, hay 68 viviendas de las que prácticamente todas o están vandalizadas o están okupadas.
Absolutamente no. La Ley de Vivienda es una ley inaplicable. Ya se ha anunciado que dependiendo del color político de la comunidad autónoma se va a desarrollar o no. Esto seguramente va a producir un perverso movimiento migratorio de las inversiones en aquellas comunidades autónomas donde se anuncie que se vayan a declarar las zonas tensionadas y se vayan a topar los precios. Posiblemente haya desinversiones y se muevan hacia otras comunidades autónomas donde se anuncie que no se van a aplicar la zonas tensionadas.
También es ineficiente puesto que no ataca la raíz del problema que es la falta de oferta. Se limita a imponer mayores dificultades a quienes tienen que poner viviendas en el mercado. Y es contraproducente en el sentido de que va a provocar la retirada de una parte de la oferta hacia otras fórmulas de inversión. Se venderán esas viviendas o se destinarán a usos diferentes como viviendas de temporada, alquiler turístico o coliving. Soluciones que no estén tan reguladas ni limitadas.
Consideramos que un Pacto de Estado de Vivienda es la única solución. Lo primero que hay que conseguir es que las leyes que toquen temas tan esenciales como la sanidad, la educación o, en este caso, la vivienda, sean leyes que se garantice su desarrollo normativo lo antes y lo mejor posible en todas y cada una de las comunidades autónomas. Esto solo se puede conseguir con un pacto de estado donde todas las fuerzas políticas, con independencia de su color, se comprometan a ejecutarlo lo antes posible.
Mientras esto no se haga así y haya diferentes niveles de administración que piensen de manera distinta esta ley es inaplicable. Al final, son globos sonda que se lanzan y que lo único que consiguen a medio plazo es la frustración del ciudadano porque no va a poder ver cumplido su bien de primera necesidad, que es el acceso a la vivienda. Aquí es donde está la cuestión principal.
Sabemos que se está produciendo un movimiento de centralización de la población hacia los principales núcleos productivos donde se concentra el empleo y la riqueza económica, y abastecer eso de oferta es la única solución. Y, para que eso se consiga, hace falta un alineamiento claro de intereses y una armonización de todos los diferentes niveles de la administración con un único objetivo.