La digitalización avanza a pasos agigantados y quizá no va de la mano de la economía. La Comisión Europea señaló que la tributación de la economía digital es un problema global urgente, debido al auge de empresas digitales que están creciendo con mayor celeridad que la economía. De hecho, la digitalización requiere una modificación en […]
NacionalDirigentes Digital
| 19 feb 2020
La digitalización avanza a pasos agigantados y quizá no va de la mano de la economía. La Comisión Europea señaló que la tributación de la economía digital es un problema global urgente, debido al auge de empresas digitales que están creciendo con mayor celeridad que la economía.
De hecho, la digitalización requiere una modificación en su fiscalidad para asegurar la equidad y eficiencia de la recaudación de los estados. “Las ganancias deben ser gravadas donde se crea el valor”, señalan desde la institución europea.
En este sentido, hacer frente a la competencia desleal o recaudar 1.200 millones de euros para destinar a financiar pensiones y el sistema de Seguridad Social, son algunos de los objetivos que persigue el impuesto sobre determinados servicios digitales que acaba de ser aprobado en el Consejo de Ministros. La filosofía de este impuesto digital es que las tecnológicas paguen en los lugares del planeta donde tiene impacto su negocio, no solo donde tengan presencia física.
Este gravamen comúnmente conocido como ‘Tasa Google’, está dirigido a las grandes empresas tecnológicas, tales como Amazon, Facebook o Google, cuya facturación global supere los 750 millones de euros y sea mayor a los tres millones en España, y contará con un tipo impositivo del 3% a la publicidad dirigida a los usuarios, a los servicios de intermediación online y a la transmisión de datos generada a partir de la actividad del usuario.
Las reacciones no se han hecho esperar y desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) manifestaron su rechazo en un comunicado. Alegan que su aplicación unilateral derivará en “una fuerte pérdida de competitividad en las empresas españolas, produciendo la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en España y aislando al país del contexto digital global”. Por el contrario, apuestan por una regulación aceptada y consensuada a escala global.
En el informe “Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la Economía Española”, elaborado por PwC a instancias de Ametic y Adigital se alerta sobre los efectos perniciosos para la salud de los negocios de las pymes y las empresas digitales al carecer de alternativas a las plataformas gravadas con esta tasa y, consiguientemente, para los consumidores. Las empresas verán mermado su beneficio entre 450 y 562 millones de euros, a causa del encarecimiento del coste de los servicios de publicidad y marketing digital, que estas pueden trasladar al cliente un mayor coste.
“La correcta fiscalización de los ingresos digitales requiere de medidas globales homogéneas y coordinadas en el seno de la OCDE para minimizar las ineficiencias y los efectos distorsionadores no deseados sobre el mercado”, concluyen en el estudio.
En este escenario, cabe preguntarse si es el momento idóneo de aplicar este impuesto, teniendo en cuenta que sobrevuelan las amenazas sobre España de Donald Trump de imponer aranceles sobre los automóviles. Es por ello que la Tasa Google se ha aprobado, pero desde el Ejecutivo retrasan a diciembre su cobro ante las posibles represalias por parte de gigante americano.
El caso de Francia es esclarecedor al respecto. El país galo se vio forzado a aplazarlo tras unos meses en marcha por las amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles al vino hasta que esté lista la propuesta internacional de la OCDE. “Necesitamos una solución global, porque el riesgo de perder es mucho mayor que el de ganar”, asegura el country manager de Idealo, Adrián Amorín.
“La ley tal y como la conocemos no va a salir, va a ocurrir como en Francia y nos daremos cuenta de que el beneficio que vamos a obtener va a ser mucho menor en comparación a lo que vamos a perder, una vez aumenten los impuestos para productos que nosotros exportamos”, dice Amorín. Considera que no es el momento para España de aplicarlo, sino que es el tiempo de que a nivel europeo se piense qué se puede hacer al respecto y no se ponga por delante el interés del país en detrimento del europeo.
La cuestión va más allá y está en juego la competitividad del país a nivel digital. Él asegura que hay que apostar por el servicio y no tanto por la rentabilidad, por invertir mucho más en lo digital, en infraestructuras, en el 5G a nivel europeo, y no solo a nivel nacional, porque señala que ahí radica el problema y es que considera que se ven los temas de manera unilateral. “Hay que saber que un impuesto de este tipo puede hacer que el mercado no sea tan interesante para muchos inversores”, concluye Adrián Amorín desde Idealo.