El pasado día 26 de abril, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos daba una conferencia en Sevilla bajo el título “Un pacto de rentas en España: por qué y para qué”. Y en sus doce folios de discurso ponía sobre la mesa la necesidad de alcanzar un gran pacto en esa dirección para los próximos años en nuestro país. 

Pero en realidad sus argumentos ya se habían expuesto mucho antes, porque lo había planteado, en primera instancia, en octubre pasado. La idea primordial es tratar de que la subida de precios afecte a todos por igual, desde particulares a empresas, pasando incluso por la administración y los pensionistas. Y que cada uno asuma su parte para conseguirlo. 

Cómo se conforma un pacto de rentas

Se trata de un acuerdo con una serie de premisas para evitar que el aumento exponencial de la inflación, al 10,8% nada menos que en julio, afecte más a los que menos tienen o que una parte de la sociedad cargue con todo el impacto de los precios. Pero para eso es necesario un pacto global de todos los agentes implicados. 

La primera y más importante se establece en los salarios: lo cierto es que subir los sueldos casi un 11% arruinaría a gran parte de las empresas, pero también lo es que los empleados no tienen por qué asumir que sus retribuciones valen un 10,8% menos a cuenta de los precios de consumo. 

Así en el equilibrio está la virtud: un gran acuerdo en España, de todos y cada uno de los segmentos económicos y sociales, para repartir las cargas de los perniciosos efectos de la subida del IPC. Desde salarios más moderados, a costes menos elevados, pasando por el retoque de impuestos de las administraciones y en el que las implicaciones de los pensionistas y los funcionarios fuera fundamental. 

El gran problema sobre la mesa es quién le pone el cascabel al gato. El Gobierno es uno de los primeros interesados en alcanzar ese pacto de rentas que se seguirá negociando en septiembre. Nadie quiere levantarse de la mesa, pero nadie quiere empezar cediendo, por temor a que el resto de las partes, no cumplan con lo acordado o se adhieran al pacto. 

Al fin y al cabo, el pacto de rentas es un mero compromiso en el que todas las partes pierden un poco, como en una negociación: salario los empleados, asunción de costes los empresarios, menores ingresos las administraciones y retribuciones a la baja en el caso de los pensionistas y los funcionarios. De ahí la complejidad de cerrarlo. 

Pero también hay que contemplar los múltiples beneficios que conlleva, siempre que la balanza no se incline sobre algunos de los segmentos mencionados: las subidas de salarios serían moderadas fijadas en convenios, pero los precios de los servicios más asequibles al no trasladar la inflación total, de igual forma en el caso de los impuestos y en el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas. 

El primer movimiento real de ficha ha llegado de la mano del Gobierno con la subida de los impuestos a las empresas energéticas y a los bancos durante los dos próximos ejercicios para sufragar parte de los costes de las medidas de hasta 15.000 millones que, entre otras, bonifica a todos por igual la compra de carburantes o la rebaja del IVA en la factura eléctrica. Y a su vez quiere impedir que las compañías reviertan ese aumento de la previsión fiscal en sus clientes. 

No parece que el acuerdo sobre un pacto de rentas sea fácil o rápido de cerrar, pero, con un otoño caliente por la previsible conflictividad social y un invierno frío a cuenta de los posibles problemas con la energía y su precio, su necesidad es más perentoria que nunca, como nos recuerda el Banco de España.