Fedea aboga por implantar un impuesto turístico

Las ciudades turísticas gozan de una entrada de dinero que beneficia la actividad económica de sus habitantes. La cruz de la moneda es que los ayuntamientos son responsables de “desplegar un abanico de servicios que va mucho más allá del que correspondería a su población residente y contribuyente habitual”.

Es una expresión literal de Fedea en su último informe “Reformando la financiación local. ¿Un viaje o una excursión?”, que refleja la demanda de los organismos de la administración que se encuentran más abajo en el escalafón: los ayuntamientos. La manera de responder a las necesidades de las personas que visitan estos municipios eminentemente turísticos pasa por instaurar un Impuesto sobre Estancias Turísticas.

Como explica Fedea, los servicios que se deben ofrecer con carácter estacional recaen sobre los contribuyentes que residen en esos municipios, mientras que la población real es más grande. “Contar con una población de hecho muy superior a la de derecho (…) obliga a incrementar los gastos de mantenimiento de servicios tales como la recogida de basuras, o la seguridad ciudadana”, afirma la organización.

Desde ese punto de vista, se considera que existen experiencias previas en torno a la implantación de un impuesto de ese tipo, como las que ya funcionan en Baleares y Cataluña. En cualquier caso, Fedea señala que “es en el ámbito local donde ese tributo debería situarse, dado que son los ayuntamientos las administraciones que soportan la mayoría de los costes relevantes”.

Por otra parte, Fedea afina aún más a la hora de dar a luz un impuesto de este tipo. Teniendo en cuenta las distintas modalidades que han aparecido en los últimos tiempos al margen de los establecimientos hoteleros tradicionales, como el alquiler turístico, la entidad considera que el nuevo impuesto “debería presentar un hecho imponible suficientemente amplio como para englobar a todas las modalidades de estancias turísticas”.

Así, propone que se tengan en cuenta el número de estancias, así como distintas categorías de establecimientos para que los ayuntamientos cuenten con un margen de actuación.