El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luís Escrivá, ha asegurado, durante su intervención en los Cursos de Verano 2018 de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el BBVA, que el aumento de gasto que supondrá la revalorización de las pensiones supondrá un coste de 2.700 millones de euros durante este año y el próximo.

Este coste adicional se desglosa en 700 millones de euros para prestaciones de viudedad y 2.000 millones de euros para el resto de pensiones. El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco sobre pensiones incluía

La AIReF cifra en 2.700 millones de euros el gasto de la subida de las pensiones en 2018 y 2019 elevar la cuantía de las pensiones un 1,6% este año, fijarlas a la inflación en 2019, incrementar la base reguladora de las prestaciones de viudedad al 56% este año y al 60% el siguiente 2019, y postergar la aplicación del factor de sostenibilidad desde 2019 a 2023.

Respecto a la situación económica, Escrivá ha señalado que "el rebote está siendo intenso y el crecimiento es de mayor calidad y sostenibilidad", destacando que se está equilibrando el output gap, que los balances están saneados, se ha reorientado la actividad hacia sectores más productivos, mientras que hay superávit exterior e inflación moderada.

También ha precisado que la productividad ha crecido al 1% consistentemente, aunque ahora sea para compensar el entorno cíclico anterior. El presidente de la Airef ha señalado que la productividad en España supera a las de Italia y Grecia, aunque está por debajo de las de Alemania, Portugal o Francia. "España crece con productividad modesta, pero no es un desastre, estamos en una situación normal. Seguimos donde estábamos antes de la crisis", ha precisado.

Escrivá prevé la estabilización de la deuda en el 85% del PIB a medio plazo, pero ha apuntado que con un cumplimiento estricto de las reglas fiscales, la deuda sería mucho menor. Además, ha destacado que es altamente probable que el envejecimiento de la población impacte en la deuda pública a largo plazo entre un 0,3% y un 47% del PIB, al tiempo que ha recordado que las crisis financieras suceden de media cada 15 años y generarán un impacto creciente por el mayor tamaño sistémico del sector financiero, por eso es importante que las regulaciones financieras protejan al Estado de esta situación.

Respecto a la contribución de la Airef, ha puesto en valor el Observatorio de deuda interactivo y digital, lanzado por la Autoridad para analizar la sostenibilidad de las administraciones públicas, y también el Observatorio de información económico financiera de las corporaciones locales, con mecanismos de alerta temprana y herramientas de seguimiento para emplearse como un instrumento de gestión para ayuntamientos.

José Luis Escrivá ha priorizado la necesidad de políticas basadas en la evidencia, "de ahí la importancia del big data y las bases de datos administrativas para evaluar iniciativas con evidencia empírica y hacer accountability de las políticas realizadas con transparencia". Entre sus retos, ha mencionado la confidencialidad de los datos, la formación de profesionales y la adaptacion de esos datos para su análisis. Para ello, también ha destacado el Spending review que está realizando la Airef, de evaluación e políticas públicas implementadas y su eficiencia para liberar recursos para uso productivo.

En lo que respecta a la implantación de medidas fiscales para las financiación de las pensiones, Escrivá ha asegurado que la "Airef debe separarse del ámbito de decisión política, no nos podemos pronunciar hasta que no estén en marcha y podamos analizarlas". En cualquier caso, pidió "huir del cortoplacismo y buscar medidas sostenibles a medio plazo".