Este miércoles ha entrado en vigor el Decreto-Ley que, entre otras medidas, aumenta la base mínima de cotización de autónomos un 1,25%, hasta los 944,40 euros mensuales, y el tipo de cotización pasa a ser del 30%. Con esto, la cuota se ve incrementada para los autónomos persona física 5,36€ al mes (64 euros al […]
NacionalDirigentes Digital
| 02 ene 2019
Este miércoles ha entrado en vigor el Decreto-Ley que, entre otras medidas, aumenta la base mínima de cotización de autónomos un 1,25%, hasta los 944,40 euros mensuales, y el tipo de cotización pasa a ser del 30%. Con esto, la cuota se ve incrementada para los autónomos persona física 5,36€ al mes (64 euros al año) y para los autónomos societarios la subida es de 6,89 euros al mes (82 euros al año).
Esta normativa, aprobada el pasado 28 de diciembre por el Consejo de Ministros, “mejora el acceso a la prestación por desempleo, flexibiliza las condiciones y amplía la duración de la prestación, hasta los 24 meses”, cuentan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Además, este colectivo tendrá derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.
También se recoge que, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, “podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad”, apuntan desde ATA.
Sin embargo, el régimen de cotización de los trabajadores por cuenta propia tiene un carácter provisional y está previsto ser sustituido en 2019 por un sistema de cotización basado en los ingresos reales. En el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo aprobado el pasado viernes también se amplió el periodo transitorio para la puesta en marcha de este sistema. Así, el Gobierno prevé que esté en marcha a partir del 1 de enero de 2021.
En este real decreto, también se incluye la medida anunciada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la que se recoge que se sancionará a las empresas con un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros de multa por cada caso en que se detecten “falsos autónomos” que deberían estar empleados por la empresa.