Los gastos de 2020 ascienden a cifras astronómicas después de que el Estado apostara por mantener la economía familiar y empresarial a flote. Bruselas animó a los Estados a amortiguar el desplome que trajo la pandemia y eso, no obstante, se acaba reflejando en el balance presupuestario.

Con las reglas de control de déficit por debajo del 3% en fuera de juego, el Gobierno español se ha visto libre y obligado a la vez para poder gastar a discreción. Así, los pagos que realizó el Estado durante 2020 ascendieron a 201.301 millones de euros, un 28,4% más que en 2019 (156.000 millones).

Aunque hay numerosos capítulos en los que crece la factura, como los salarios públicos o los gastos en bienes y servicios, el principal motivo de este aumento son las transferencias corrientes a otros organismos. En concreto, destaca la transferencia de 35.000 millones de euros a la Seguridad Social para paliar el agujero en sus cuentas que supone perder ingresos y elevar los gastos.

En total, las transferencias ascendieron a los 136.990 millones de euros un 48,3% más que en 2019 (+44 mil millones), lo que casi concuerda con la diferencia de 45 mil millones de euros con los gastos del año pasado. En todo caso, el Ministerio de Hacienda hace distinciones entre las diferentes partidas para las que se destinaron estos fondos y pone el foco en la transferencia a la Seguridad Social.

"Este incremento se debe, fundamentalmente, a la transferencia realizada para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19", explica el Ministerio que dirige María Jesús Montero. Asimismo, se citan los 16.000 millones de euros del Fondo COVID-19 que se han transferido a las comunidades autónomas.

En detalle, Hacienda señala que el coste de financiar el Ingreso Mínimo Vital también lo ha acabado asumiendo el Presupuesto del Estado y no el de la propia Seguridad Social. En concreto, se han destinado 432 millones de euros de las arcas públicas al pago de esta medida en concreto que entró en vigor en la segunda mitad del año.

En un principio, se hicieron cálculos dispares sobre el coste de este nuevo mecanismo. El Ejecutivo deslizó en los primeros momentos que alcanzaría los 5.500 millones y ayudaría a cientos de miles de hogares, si bien rebajó la cifra hasta los 3.000 millones en las semanas posteriores.

Según los últimos datos presentados por el Gobierno, esta medida lleva un desembolso acumulado de 920 millones de euros, de los que corresponden a marzo unos 152 millones de euros para 203.000 hogares. En ese sentido, se hace notar que no todo el coste de la medida ha sido financiado por la transferencia de Hacienda. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se han denegado dos terceras partes de las 800.000 solicitudes tramitadas. En cuanto a las prestaciones no contributivas, el Estado transfirió otros 4.517 millones en 2020, 223 millones más que en 2019.

La factura científico-sanitaria

El carácter sanitario de la crisis también se ve reflejado en las cifras de gasto. En el caso del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su presupuesto más alto había ascendido en 834 millones de euros en 2009. En 2020, sus caudales se ampliaron con otros 170 millones de euros.

Mientras, el Instituto de Salud Carlos III, la principal referencia sanitaria durante esta pandemia, mantenía unos presupuestos prorrogados de 2019, de 271 millones de euros. A esa cantidad, el Estado aportó en 2020 otros 103 millones de euros para compensar el aumento de la carga de trabajo.