Las economías de la inmensa mayoría de países están ya interconectadas de alguna forma. Es lo que llamamos globalización. La Real Academia Española (RAE) define este concepto así: “Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos”.

Tal y como detalla la anterior descripción, las consecuencias de este escenario son cada vez más difíciles de evitar. No es que no haya resultados positivos. Es más, los movimientos de bienes y capital desarrollan e incitan la eficiencia de las economías o de los sectores económicos. Pero también presenta más vulnerabilidad en otros ámbitos, como puede ser en el mercado laboral.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) explica que la creciente integración de los países en el comercio mundial y el rápido ritmo del cambio tecnológico “han ayudado a mejorar el nivel de vida de miles de millones de personas en todo el planeta”, pero que este progreso “ha repercutido también sobre el mercado de trabajo y ha traído consigo el crecimiento y declive de determinados sectores”.

Una mayor participación en el comercio internacional es, en parte, responsable de la fuerte reducción de la pobreza observada en países como India, o del crecimiento del ingreso per cápita en la China urbana. Aun así, la OMC explica que pese al avance que supone la globalización y el desarrollo tecnológico, el mercado laboral se enfrenta a una mayor desigualdad, al aumentar el desarrollo de unos sectores frente a otros, con el mayor o menor empleo que esto significa. 

Así, existen dos tipos de medidas económicas que un gobierno puede tomar: las políticas activas del mercado laboral apuntan a aumentar la probabilidad de que los trabajadores desempleados encuentren nuevos empleos a través de capacitación o asistencia para la búsqueda de trabajo, por ejemplo. Las políticas pasivas del mercado laboral, por otro lado, tradicionalmente brindan apoyo financiero a las personas desempleadas.

Pero, ¿qué debería hacer el gobierno?

Tomar este tipo de medidas se traduce en mayores limitaciones hacia la eficiencia económica: en presencia de costes de movilidad, los gobiernos deberían facilitar el ajuste que produce la globalización y acelerar la transición hacia una asignación eficiente de recursos. 

Por su parte, los argumentos a favor de que el mercado en términos de equidad no se vea efectado es que, si bien todos los consumidores se benefician del comercio internacional a través de precios más bajos, un pequeño número de trabajadores asume el coste.

“Si los trabajadores son desplazados debido a la política comercial del gobierno, es justo que sean compensados ​​por ello. Sin embargo, otras políticas gubernamentales pueden generar interrupciones en el mercado laboral”, detalla un documento de la OMC. Por ejemplo, el aumento de los estándares de salud y seguridad en los productos probablemente expulse a las empresas que no pueden adaptarse a estas nuevas regulaciones. 

El argumento a favor del apoyo político establece que los gobiernos deberían compensar a aquellos que se ven afectados negativamente por sus propias acciones. Por ejemplo, si la reducción de los aranceles genera pérdidas de empleos y los gobiernos no hacen nada al respecto, es probable que el apoyo público para una mayor reducción de aranceles sea bajo. En suma, es el eterno debate con las consecuencias de las acciones de los gobiernos a pesar de la eficiencia.