La penumbra envuelve las ayudas a Plus Ultra

9 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros transcurre con la normalidad propia de una sesión en la que apenas se aprueban asuntos de relevancia para la opinión pública. En las horas previas se especula con que se puede aprobar un fondo de ayudas directas a las pymes que, finalmente, se acaba retrasando al viernes de esa semana. Lo más remarcable es la aprobación de un rescate para Duro Felguera por 120 millones, que ocupa un lugar en los diarios económicos.

Ese mismo día y casi sin darle importancia, el Gobierno da el visto bueno a otro rescate de 53 millones de euros para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. Durante la rueda de prensa posterior tan solo hubo una pregunta que hiciera mención a los rescates, en concreto al de Duro Felguera. Ninguna a Plus Ultra.

En los días posteriores, algunos medios se hacen eco de la ayuda que se facilita a la aerolínea, que consiste en un préstamo participativo de 34 millones de euros y uno ordinario de 19 millones de euros. Pero no prestan atención a la ayuda en sí, sino al peso específico de la empresa como compañía estratégica, a los posibles intereses políticos en este rescate además de su vinculación con Venezuela y a la cuenta de resultados.

Injerencia política

Hay sospechas acerca de una mala praxis política con respecto al rescate. Se creó un consejo gestor que analiza la idoneidad para hacer estos rescates y, previa aprobación, eleva la causa al Consejo de Ministros para que dé luz verde al abono del rescate.

Este consejo gestor está formado por el presidente de la SEPI, que en el momento en que se analizó el rescate de Plus Ultra era Bartolomé Lora, además de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, la Subsecretaria de Hacienda, Inés María Bardón, el Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco, la Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

El Juzgado de Instrucción Número 15 imputó a finales de abril al expresidente, Bartolomé Lora, así como “al resto de miembros del consejo”, según reza el auto. De ese modo, el resto de altos cargos también podrían acabar implicados en la investigación. Lo que investiga la magistrada Esperanza Collazos es una supuesta malversación de caudales públicos, dado que “los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Ante la ingente cantidad de acusaciones y noticias alrededor del asunto, este medio se puso en contacto por teléfono con SEPI para conocer las posibles motivaciones tras este rescate. En dicha conversación se planteó esto: “Entiendo que se ha hecho el análisis pertinente para comprobar que se cumplen con los requisitos necesarios y que no se ha hecho por una orden que venga de otra parte”. La respuesta fue la siguiente: “Como comprenderás, no te voy a decir lo contrario, eso está claro”.

Empresa estratégica

Según informa Plus Ultra, durante 2019 transportó más de 180.000 pasajeros, en comparación con Iberia, que alcanzó los 22,5 millones en ese mismo año. Estos datos provocaron que se cuestionara si verdaderamente se trataba de una empresa estratégica.

Ciertos medios cuestionan esa naturaleza estratégica, dado que, según publican, solo cuenta con un avión propio y opera dos de alquiler. En 2019 incorporó tres naves que devolvió anticipadamente, lo que le acarreó el pago de una penalización por incumplir los contratos.

No obstante, la condición de “estratégico” incluye la siguiente cualidad en la normativa que regula los rescates: “Su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, en el mantenimiento de la actividad y el empleo”. Según el texto normativo no existe una definición concreta y numérica de lo que supone ser una empresa estratégica y lo que no. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se limitó a insistir en que “el carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo”.

Se nombran una serie de sectores, entre ellos el de Transporte y Turismo que es, precisamente, al que pertenece la compañía. Plus Ultra se defiende diciendo que “en caso de desaparecer, se establecería un monopolio en el mercado ya que muchas de sus rutas serían sólo operadas por Iberia- Air Europa en caso de cerrarse la operación de fusión en marcha”.

También ha sido acusada de operar un monopolio por volar a Caracas en solitario, dado que en marzo fue la única aerolínea que lo hizo. Niega esas acusaciones diciendo que Iberia ha realizado tres vuelos y Air Europa otros cinco desde que se restringió el espacio aéreo por la pandemia.

Nacionalidad

También se ha puesto en duda la nacionalidad española de la empresa y, concretamente, su relación con el régimen que dirige Nicolás Maduro en Venezuela. La norma que regula estos rescates exige explícitamente que las empresas solicitantes tengan “domicilio social y principales centros de trabajo situados en España”, como es el caso de Plus Ultra.

En cuanto a la nacionalidad de su capital, DIRIGENTES ha podido recabar que está compuesto por 23 accionistas. Los mayoritarios son Snip Aviation y Fly Spain, con el 45,33% y el 11,47% del capital respectivamente, ambos de nacionalidad española. El resto se reparte en participaciones que van desde el 0,11% hasta el 9,46%. Desde la compañía aseguran a este medio que el 84,29% del accionariado corresponde a empresas o personas físicas españolas o hispano venezolanas.

Según la empresa, tan solo el 15,71% restante pertenece a accionistas extracomunitarios. Por ello, afirma que no tiene “vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuela”. No obstante, pese a que Snip Aviation y Fly Spain están registradas en España, sus administradores son Rodolfo José Reyes Rojas, Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie, los tres venezolanos.

Ante esto, Plus Ultra reconoce lo siguiente: “Algunos miembros del accionariado son, en efecto, venezolanos y/o tienen doble nacionalidad española-venezolana. Pero esto no justifica, en ningún caso, las acusaciones improbadas de relación o trato de favor con gobierno o régimen político alguno”.

Asimismo, se hace eco de los intentos de vinculación con el gobierno de Venezuela: “Plus Ultra líneas aéreas niega rotundamente que la empresa, sus accionistas o consejeros mantengan o hayan mantenido una vinculación contractual o personal con los funcionarios referidos o intermediarios calificados como tales por algunos medios de comunicación”.

Solvencia

Otro de los puntos clave del escándalo es la capacidad económica de la empresa y su viabilidad. Desde su creación en 2011, Plus Ultra solo ha registrado pérdidas. La empresa no ha facilitado los resultados de 2020 cuando, si no hubiera ocurrido la pandemia, habría sido el primero en que registrara ganancias, según justifica la empresa.

Los resultados de 2017, 2018 y 2019 arrojan números rojos de 6,73 millones, 2,11 millones y 2,78 millones, respectivamente. En cuanto a la cifra de negocios, esta ha aumentado continuamente desde los 55 millones, pasando por los 63 hasta los 94 en los años que se citan en el principio de este párrafo. El hecho de que esta compañía está acumulando pérdidas está siendo objeto de debate para la opinión pública, lo que desde la empresa se califica como “falta de rigor”.

A pesar de las pérdidas, Plus Ultra cumple con los requisitos de solvencia de la SEPI, la organización estatal que ha gestionado estas ayudas, según confirma un portavoz del organismo público. Por otro lado, la aerolínea insiste en que cumplirá con sus obligaciones para amortizar la deuda en los siete años que se le han impuesto.