Es un hábito que ha llegado hace pocos años pero ya se ha instalado en nuestra forma de vivir. Necesitamos un producto o un servicio y, casi sin pensarlo, cogemos el teléfono móvil o el ordenador para buscar las mejores opciones, los precios o las localizaciones que más nos pueden convenir. Al final damos el paso y compramos ese producto o servicio sin ser conscientes de que no hace tanto que no había más remedio que acudir a la tienda o a la oficina correspondiente para comprar algo.

Las cifras del comercio electrónico muestran que esta forma de consumir está cada vez más extendida. En Europa, el volumen de negocio del comercio electrónico alcanzó los 602 mil millones de euros en 2017, lo que representa un crecimiento del 14% con respecto al año anterior. A su vez, 2016 también registró un crecimiento del 15% en comparación con 2015, según las cifras del European E-commerce Report 2017.

A pesar de que es una tendencia que se extiende con los años, los datos de Eurostat de 2016 muestran que solo dos de cada diez empresas de la Unión Europea están activas en el comercio electrónico. De esas empresas, el 93% venden sus productos en su propio país, por las diferencias entre las legislaciones de los distintos países.

Las cifras revelan también que el tamaño de las empresas es un factor diferencial en la penetración en este segmento. Mientras que el 44% de las grandes empresas se encuentran presentes en el negocio digital, el porcentaje se reduce al 29% entre las empresas medianas, y al 18% en el caso de las pequeñas.

Ese panorama plantea una problemática: el interés por el comercio electrónico da lugar al uso de plataformas electrónicas, usadas por el 39% de las empresas -sobre todo pequeñas empresas-, a pesar de que el 85% cuentan con su propia página web. La mitad de las compañías que trabajan con estas plataformas encuentran dificultades y el 38% de los problemas contractuales quedan sin resolver.

Desde el punto de vista del Comité Económico y Social Europeo, esto se debe a dos cuestiones: la dependencia total de las pymes de las plataformas electrónicas así como de los motores de búsqueda, y a que el poder de decisión recae en estas herramientas. El problema se agrava si se tiene en cuenta que estos servicios de intermediación recaen sobre un puñado de grandes operadores, incluso de fuera de la Unión Europea.

Esas circunstancias añaden una preocupación más para las instituciones europeas, que se encuentran inmersas en crear una nueva legislación en ese campo. En esa línea, existe la necesidad de que haya una mayor equidad y transparencia entre las plataformas y otras herramientas de intermediación en línea, en lo que también se encuadra la lucha contra el dumping fiscal digital.

El desafío es conseguir poner de acuerdo a los 28 en que lo mejor es que las plataformas tributen por la actividad que realizan en el país, y no en lugares con mejores condiciones fiscales, lo que constituye una desventaja para competidores que sí pagan sus impuestos en el lugar donde realizan su actividad. Un ejemplo muy claro es lo que sucede con el sector hotelero en Francia. Airbnb pagó 69.000 euros en impuestos en 2015 en ese país, mientras que el sector hotelero en su conjunto alcanzó la suma de 5.000 millones.