El Gobierno prepara una nueva ley que pretende reforzar la posición del consumidor ante un posible fraude o cualquier otro tipo de práctica ilícita por parte del empresario. El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de diciembre y, según la ministra de Justicia, Pila Llop, "reforzará los derechos de los consumidores en acciones colectivas".

La principal novedad introducida para conseguir este objetivo es la introducción de un proceso de acuerdo previo al judicial para reclamaciones colectivas. En la mayoría de las reclamaciones de esta naturaleza, la cantidad resarcida al demandante no compensa lo invertido en costas judiciales. Así, este cambio podría suponer un aumento del número de reclamaciones de los consumidores.  

Esta Ley transpone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, a través de la cual se pretende crear un modelo común de reclamaciones colectivas en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Entre las novedades recogidas en el texto, además de la posibilidad de llegar a un acuerdo previo entre el consumidor y la empresa, también se incluye el requisito de incorporar una reclamación previa a iniciar el proceso. Además, en el caso de las demandas resarcitorias, se creará una plataforma electrónica particular para cada uno de los procesos para agilizar la tramitación y garantizar un acceso directo y sencillo para los consumidores y usuarios afectados.

Otro cambio a destacar es la creación de la audiencia de certificación en el procedimiento, en la que el juez se asegurará de la homogeneidad de las reclamaciones y de que esta no sea infundada.

La Ley unifica los derechos colectivos de los consumidores

Hasta ahora, estos derechos estaban dispersados la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en otras legislaciones. El Proyecto de Ley los aúna en un mismo texto, además de definir el proceso de acuerdo dentro de la causa con la correspondiente homologación judicial.

Además, la iniciativa también trastoca la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para poder regular aquellas entidades aptas representar a los interesados en las reclamaciones colectivas, tanto a nivel nacional como transfronterizo. Será el Ministerio de Justicia el encargado de crear y gestionar este Registro Público de Acciones de Representación.