El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, para proteger a cualquier persona que exponga delitos graves o casos de corrupción, tanto en el sector público como en las empresas privadas. Esta legislación transpone la Directiva Whistleblowing de 2019 de la Unión Europea.

El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado para finalizar su tramitación, busca proteger a quien en cualquier contexto laboral o profesional identifique y denuncie infracciones penales o administrativas graves.

También incluye la obligación de crear un sistema de denuncia interna para exponer delitos que garantice la confidencialidad y permitir que los denunciantes conserven su anonimato. El sistema debe implantarse en empresas de más de 50 trabajadores, así como en entidades públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones que reciban financiación pública.

El proyecto de ley también establece un sistema de alerta externo para los denunciantes mediante la creación de una autoridad independiente para proteger a los informantes e incluye medidas legales para proteger a los ciudadanos que denuncian delitos, así como a los periodistas y sus fuentes. Dichas herramientas tienen como objetivo blindar a los denunciantes de prácticas intimidatorias, o daños a su reputación. 

El texto también establece que las cláusulas contractuales de confidencialidad deben quedar sin efecto si restringen el derecho o la capacidad de denunciar delitos graves. El texto está en línea con las reglas adoptadas por la Unión Europea en 2019 para proteger a los denunciantes de represalias para garantizar que no sean objeto de represalias por exponer supuestas irregularidades que afectan al público. La transposición de la Directiva de Protección de los Informantes tenía fecha límite de aplicación para toda Europa el 17 de diciembre de 2021 y solo once países aprobaron sus legislaciones correspondientes dentro del plazo establecido. España, por lo tanto, lleva más de un año de retraso en su tramitación.

Sanciones previstas en la Ley

La norma distingue entre sanciones leves, graves o muy graves.

• Las leves incluyen la obstrucción de las investigaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ya sea negándose a colaborar o no presentando toda la información requerida por esta. En este tipo de supuestos, la multa podría ascender hasta los 10.000 euros para personas físicas y 100.000 en el caso de las jurídicas.
• Las graves - aquellas que limiten los derechos y garantías previstos en la Ley - conllevarán sanciones desde los 5.001 a los 30.000 euros para personas físicas y de los 100.001 a los 600.000 para las personas jurídicas.
• Por último, las sanciones muy graves comprenden la publicación de información falsa a sabiendas o las represalias contra los whistleblowers o informantes y suponen multas desde los 30.001 a los 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y de 600.001 a 1 millón de euros para las jurídicas.

La Ley entrará en vigor cuando transcurran 20 días desde su aprobación por el Senado.