A poco más de dos meses para la celebración de las elecciones generales, el gobierno que preside Pedro Sánchez se empeña en dejar su huella política. Una de sus últimas propuestas es la de cambiar la reforma laboral que está vigente desde 2012. En concreto, la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quiere modificar tres cuestiones. […]
NacionalDirigentes Digital
| 21 feb 2019
A poco más de dos meses para la celebración de las elecciones generales, el gobierno que preside Pedro Sánchez se empeña en dejar su huella política. Una de sus últimas propuestas es la de cambiar la reforma laboral que está vigente desde 2012.
En concreto, la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quiere modificar tres cuestiones. La primera refiere a la ultraactividad, además de controlar los horarios y otorgar más importancia al convenio sectorial frente a la negociación que realicen las propias empresas y los trabajadores.
La aplicación de esos cambios, una vez disueltas las Cortes, tendrían que hacerse por medio de un Decreto Ley. El Gobierno pretende que las modificaciones entren en vigor antes del 28 de abril, por lo que podría aprobarse en el último Consejo de Ministros. No obstante, el Gobierno no descarta llevar su reforma al Congreso si consigue reunir los apoyos suficientes.
Vistas las intenciones del ejecutivo español, los empresarios han mostrado su “preocupación”. CEOE y CEPYME se reunieron este miércoles para analizar los motivos del gobierno para llevar adelante esa reforma. Explican en un comunicado que el Gobierno tiene una “clara vocación electoralista”, y que “no tiene sentido” aprobar un Real Decreto Ley antes de los comicios.
El propio Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha explicado en Radio Nacional que esta reforma es “importante pero no urgente”, en referencia a los supuestos en los que está justificado un Decreto Ley. En la Constitución se especifica que debe existir “una extraordinaria y urgente necesidad” para utilizar ese tipo de mecanismos.
En particular, la Carta Magna excluye la aprobación de los Decretos Ley especialmente en lo que refiere a “Derechos, Deberes y Libertades de los ciudadanos”. Por otra parte, los empresarios españoles aluden a que la utilización de esta vía “excluye la posibilidad de diálogo y consenso”.
La CEOE concluye que así se “empobrece la calidad democrática”, además de reafirmar su convicción de que “no tiene sentido volver a orillar el diálogo tripartito”.
