La subida de las pensiones para este 2020 fue una de las medidas que quedaron en el tintero el pasado ejercicio. El Ejecutivo en funciones lo dijo en el último Consejo de Ministros de 2019: su revalorización no se llevaría a cabo hasta después de la investidura. Un día después del traspaso de carteras ministeriales, […]
NacionalDirigentes Digital
| 14 ene 2020
La subida de las pensiones para este 2020 fue una de las medidas que quedaron en el tintero el pasado ejercicio. El Ejecutivo en funciones lo dijo en el último Consejo de Ministros de 2019: su revalorización no se llevaría a cabo hasta después de la investidura. Un día después del traspaso de carteras ministeriales, esta es una de las primeras decisiones que se había planteado tomar. En concreto, estaba prevista la aprobación de un incremento del 0,9% de las prestaciones a la Seguridad Social, en línea con el IPC, decisión que se ha aprobado este martes.
En la toma de posesión del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró la actualización de las pensiones con la inflación, así como la puesta en marcha de medidas para abordar el reto demográfico y el déficit de la Seguridad Social. En los últimos años esta cifra se ha situado en los 20.000 millones de euros. Así, en su discurso el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) destacó la necesidad de retomar los trabajos del Pacto de Toledo como punto de partida, además de destacar la transparencia y la apuesta por el diálogo permanente con las fuerzas políticas y los agentes sociales.
Las pensiones junto a la subida del salario de los funcionarios en un 2% quedaron en el tintero antes de Nochevieja, por lo que a Sánchez le urge llevarlas a cabo cuanto antes. En cualquier caso, estas tienen carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.
Por su parte, la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adoptado una actitud tajante y aseveró en su primera intervención en el cargo que el principal objetivo del área que ya encabeza será luchar contra la precariedad laboral, por lo que una de las primeras decisiones será derogar la reforma laboral de 2012. Díaz lo anunció en una sala en la que estaban presentes los principales representantes de los sindicatos y las organizaciones empresariales. Precisamente estos últimos son los más críticos con los cambios en el ámbito laboral, ya que pueden amenazar la creación de empleo y la senda de crecimiento económico.
Asimismo, otro de los aspectos que ha suscitado una mayor preocupación entre los empresarios es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros. Cabe recordar que a finales de 2018 ya se acometió un incremento del 22%, el más alto de la historia, hasta los 900 euros. Un temor que ya ha hecho saltar las alarmas entre el tejido empresarial español.
Por último, María Jesús Montero, que repite como ministra de Hacienda, y se estrena como Portavoz del Gobierno, ha asegurado que presentará lo antes posible el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e intentará acometer una reforma del modelo de financiación autonómica. Antes quieren negociar una flexibilización del objetivo de déficit con la Comisión Europea para este año. El Gobierno de Mariano Rajoy lo fijó en un 0,5% del PIB, pero Sánchez lo estima en el 1,1% y en el 1,7% a políticas constantes con el que poder sufragar el aumento del gasto público. No hay que olvidarse de que en esta partida hay que incluir, además de las políticas que quiere llevar a cabo, el coste de las cuatro vicepresidencias y que asciende a 312.000 euros anuales.
