El primer trimestre de 2023 termina con el aumento de empresas a las que se solicita aplazar sus pagos. Un porcentaje que el pasado año cerró con un 76% y que actualmente se ha incrementado hasta alcanzar el 82%. Así lo confirma el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, en el que queda registrada la nueva tendencia entre las organizaciones españolas.

El conflicto que las empresas asumen con los impagos de sus clientes se suma al aumento de los tipos de interés y la subida en los costes de producción que se ha visto manifestado en la subida de los precios de los productos. Todo ello está suponiendo un desafío al tejido empresarial que percibe como un reto el pago puntual a los proveedores, afectando a su vez a las facturas de los propios clientes.

Retraso en los pagos

A pesar de los 6 puntos porcentuales que la ampliación de los plazos para los pagos ha aumentado en lo que va de año, el porcentaje de compañías que han aceptado esta moratoria continúa siendo del 69%, igual que hace un año.

Los próximos meses apuntan a un escenario incierto en el que los impagos aumentaran según las encuestas realizadas a los empresarios en el informe. En un marco de incertidumbre, el retraso en los pagos incrementará en el 67% de las organizaciones españolas, un porcentaje mayor que en el 2022 (un 57%) y similar a los datos registrados durante la pandemia en 2021 (un 65%).

Mientras que 7 de cada 10 empresarios españoles opina que la demora en sus pagos crecerá, el 82% de las empresas nacionales ya ha recibido peticiones para ampliar esos plazos de pago, una tendencia superior a la media europea que se sitúa en un 60%. El único país por delante es Estonia, el cual cuenta con un elevado número de empresas (un 73%) preocupadas por esta tendencia al alza. Por detrás de España, se sitúan Italia, (66%), Reino Unido, (61%), Francia (59%), Portugal (58%) o Alemania (56%), según los datos ofrecidos por Intrum.

Las cifras mencionadas en el estudio destacan la necesidad que tienen las empresas de apostar por la eficiencia en los procesos de recepción y reclamación de pagos dentro de la organización. Su mejora permitiría, además de anticiparse a retrasos de los pagos, a obtener una financiación más óptima como aboga el informe.