El alza de los precios en los últimos dos años han puesto contra las cuerdas a muchas empresas. El año pasado, los concursos de acreedores se dispararon un 19,8% y, si bien parte de la subida se debe a la reforma de la Ley Concursal, que simplifica el procedimiento para solicitar un concurso de acreedores, […]
NacionalDirigentes Digital
| 03 jul 2023
El alza de los precios en los últimos dos años han puesto contra las cuerdas a muchas empresas. El año pasado, los concursos de acreedores se dispararon un 19,8% y, si bien parte de la subida se debe a la reforma de la Ley Concursal, que simplifica el procedimiento para solicitar un concurso de acreedores, también constata el aumento de las empresas que se quedan sin fondos para hacer frente a los pagos y las deudas pendientes.
La nueva Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, ha introducido cambios en los mecanismos de gestión de las insolvencias que disponen los actores involucrados, incluidos las propias empresas. Por ello, el Consejo General de Economistas de España a través de su Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del Consejo en el ámbito de las insolvencias– y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han elaborado la Guía de la empresa ante la insolvencia.
Así, según la guía, un factor fundamental es la detección temprana de situaciones de insolvencia, ya que hay más margen de actuación cuando se dispone de más tiempo y recursos. Señales como una reducción preocupante de la cifra de negocios o de los márgenes de beneficio, el abandono del proyecto por parte de inversores, cambios legislativos que puedan impactar a la organización o reveses operativos deberían activar protocolos de actuación en las organizaciones.
A nivel europeo, en el artículo 3,1 de la Directiva (UE) 2019/1023 habla de la necesidad de que los Estados miembros establezcan herramientas de alerta temprana para aquellas pymes que, por su tamaño, no dispongan de los mecanismos para detectar de manera preventiva las insolvencias. La Ley 16/2022 traspone esta directiva y establece que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el encargado de mantener un servicio de autodiagnóstico que permita a las pequeñas y medianas empresas evaluar su situación de solvencia. Este se encuentra en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y es de uso gratuito.
Asimismo, entre otras recomendaciones, el informe destaca tener un buen presupuesto de tesorería y prestar especial atención a la gestión de las existencias, del crédito a clientes y de la financiación recibida de los proveedores, teniendo en cuenta los efectos de que tienen estos en las variaciones del capital circulante.
Es muy importante evitar situaciones en las que la empresa se quede sin opciones para hacer frente a sus deudas. La Ley no sanciona la insolvencia, pero sí que actúa en contra de determinadas actuaciones por parte de los empresarios o administradores que hayan provocado o agravado la situación de insolvencia, según el artículo 456 de la Ley concursal. Así, estos deberán hacer frente a penas de dos a quince años, además de resarcir a los acreedores la totalidad o parte de las deudas que queden sin cobrar.
