Tras unas negociaciones que se han extendido hasta altas horas de la madrugada, los dos partidos que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, han llegado a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Si sobreviven a las negociaciones con las demás fuerzas parlamentarias, estos Presupuestos aumentarán el techo de gasto por encima de 198.000 millones de euros y lo destinado a políticas sociales hasta 266.719 millones. Ante el aumento generalizado del gasto, las Comunidades Autónomas recibirán un 24% más que en 2022. Estos presupuestos incluyen, además, las principales medidas fiscales anunciadas por el Gobierno la semana pasada.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha defendido el aumento del gasto público pese a los síntomas de debilitación de nuestra economía alegando que “el sector público actúa como locomotora para impulsar a los sectores más productivos”, y añadiendo que “no es un lastre para el crecimiento (...) es uno de los motores que nos permite la creación de empleo”. Además, la titular de Hacienda ha querido desvincular las mejoras presupuestarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos.

Principales aumentos por partidas

En líneas generales, destaca el aumento del presupuesto en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (+22,8%), que pasa de 8.900 millones de euros en 2022 a 11.867 millones, lo que supone un 33,1% más. También suben las partidas de en Industria y Energía (+2,6%) e Infraestructuras y Ecosistemas resilientes (+6,7%), Comercio, Turismo y Pymes (+5,5%) y Agricultura (+0,3%)

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ha echado en cara a su socio de Gobierno que la ley de vivienda no se incluya en los Presupuestos del año que viene. La formación morada, que había puesta muchas esperanzas en esta medida, también tendrá que lidiar con el traspaso de otras “líneas rojas”: en primer lugar, la conocida como “ley Mordaza” se mantiene; y además, el presupuesto de Defensa aumentará el año que viene un 25,8%. Montero ha afirmado que esta partida solo aumentaría un 8,4%, ya que no ha incluido los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas en esta partida. Por lo tanto, la financiación de esta partida pasa de 9.791 millones en 2022 a 12.317 millones el año que viene.

Montero también incluye la subida salarial al personal público en los Presupuestos. Los salarios subirían un 2,5%, aunque se podrá extender hasta el 3,5% según evolucionen los precios. Por último, Montero también ha anunciado que se mantendrá en 2023 la bonificación y gratuidad de Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia, lo que costará alrededor de 700 millones de euros.

Récord histórico en gasto social

Antes de ser ratificado por el Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya había adelantado algunas de las características de los PGE en la red social Twitter. Díaz ha defendido las cuentas, aduciendo que “afrontan” el efecto de la inflación y que “consolidan la protección social y del tejido productivo”. La partida de Derechos Sociales (+18%) e Igualdad (+14%), obtienen aumentos significativos (ambas carteras pertenecen a Podemos).

Entre las medidas adelantadas por la titular de Trabajo, destacan la recuperación del 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación, medida que la ministra defiende que beneficiará a 300.000 desempleados. También ha anunciado que todas las pensionas –contributivas o no– se incrementarán para hacer frente al aumento de precios (se calcula que en torno al 8,5%, dependiendo del dato de inflación de noviembre) y que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) también verán mejorada su prestación, ya que aumentará “en los mismos términos” que las pensiones. En cuanto a la Dependencia, el Ejecutivo reforzará esta partida con 600 millones de euros extra, según lo comunicado por Yolanda Díaz. También se prevé una revalorización general de ayudas, subvenciones y subsidios con el aumento a 600 euros del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Además, el Gobierno universalizará por vía legislativa la prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de cero a tres años (hasta ahora, estaba reservada a las madres trabajadoras). Esta ayuda se incluirá en la ley de familias, que también está previsto que incluya un permiso de paternidad de ocho semanas hasta que el hijo cumpla los ocho años. Esta última medida, más que una iniciativa propia, es una trasposición de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

En política de vivienda, se movilizan 3.472 millones de euros (un 5,4% más), y se incorpora el Bono de Alquiler Joven en las cuentas, con 200 millones, y una partida separada para alquileres accesibles, con 260 millones. 

En relación con Sanidad, cuyo presupuesto aumenta un 6,6%, los esfuerzos del Ejecutivo se centrarán en tres áreas, según Díaz: la atención primaria, la salud bucodental y la mental –esta última aumentando un 67% el presupuesto–. Por último, el gasto educativo aumentará de manera similar (+6,6%).

Una vez alcanzado el acuerdo en el seno del Gobierno, ahora este deberá recabar apoyos de otras fuerzas parlamentarias para aprobarlos antes de que termine el año.