Las medidas anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el primer Debate sobre el Estado de la Nación, han supuesto, entre otros aspectos, un paso adelante en el aumento de la presión fiscal a las empresas energéticas por la subida de la factura del gas y la electricidad. Ante este escenario, las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su malestar con el anuncio respondiendo al jefe del Ejecutivo a través de un comunicado en el que afirman que “no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española y perjudican claramente la confianza en España”.

En el texto dado a conocer por ambas instituciones, también destacan que dichas medidas han sido adoptadas de manera “unilateral” y “sin consulta previa en el marco del diálogo social”, un punto que consideran un error en la medida en que “alcanzar acuerdos significa antes de todo escuchar y considerar la situación de todas las partes”.

CEOE y Cepyme también declaran su rechazo a la creación de nuevos tributos “a la carta”, en un escenario de subida de tipos de interés, tales como los anunciados sobre los bancos y las empresas energéticas debido a que suponen “una barrera añadida para las empresas españolas, especialmente pymes y autónomos, en el ansiado camino hacia la recuperación”. 

De hecho, el primero de ellos se trata de un impuesto de carácter “excepcional y temporal”, con una duración de dos años y que se producirá en los ejercicios 2022 y 2023, sobre sus resultados. Con este, el objetivo del Gobierno es la recaudación de 1.500 millones de euros en cada año por este concepto. Mientras que, las novedades del segundo están relacionadas con el gravamen sobre los beneficios extraordinarios que obtengan las compañías eléctricas, gasistas y petroleras durante los años 2022 y 2023. En su caso, la recaudación estimada para cada ejercicio se eleva a unos 2.000 millones.

El impacto sobre las empresas

Según señalan ambas patronales, el incremento “desbocado” de la inflación supone un “empobrecimiento” tanto para las familias como para las empresas y sus trabajadores. Y aportan datos: “Las empresas han visto recortados sus beneficios en 100.000 millones de euros entre los años 2020 y 2021, y en casi 7.000 en lo que va de año, según datos de Contabilidad Nacional”. Sin embargo, a pesar de esta situación, tanto CEOE como Cepyme aseguran que “están dispuestas a buscar soluciones a esta situación”, aunque también indican que es imprescindible que los costes de la crisis sean asumidos entre todos, “no haciéndolos recaer solo sobre las empresas en forma de medidas parciales o subidas de impuestos”. “Queremos ser parte de la solución y no que se nos considere como un problema”, sostienen.

Además, las organizaciones lideradas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva también mencionan que un informe del Banco de España recoge que “cerca del 77% de las empresas ha experimentado un aumento adicional en sus costes de producción como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, pero solo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales”.