La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander en la causa que investiga la gestión que llevó a la desaparición al Banco Popular. El juez José Luis Calama ha publicado un auto en el que incluye a la entidad que preside Ana Botín, en sustitución de la ya desaparecida Banco Popular. El juez Calama recuerda […]
NacionalDirigentes Digital
| 16 ene 2019
La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander en la causa que investiga la gestión que llevó a la desaparición al Banco Popular. El juez José Luis Calama ha publicado un auto en el que incluye a la entidad que preside Ana Botín, en sustitución de la ya desaparecida Banco Popular.
El juez Calama recuerda en su auto que Santander ha absorbido y adquirido “en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Banco Popular Español”. El magistrado da así respuesta a las peticiones de dos demandantes que muestran la entrada en vigor en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción realizada por el Santander.
El juez, que sustituye a Fernando Andreu, lleva a cabo la investigación de la gestión de los directivos de Popular y que terminaron con la desaparición de la entidad. Los principales imputados en esta causa son Ángel Ron y Fernando Saracho, expresidentes del grupo antes de que se produjera la resolución del banco.
El Banco Santander adquirió en julio de 2017 Banco Popular después de que las autoridades comunitarias acordaran resolver la entidad por sus problemas de liquidez y retirada de depósitos que hacían inviable su continuidad. La entidad que preside Ana Botín la adquirió por el precio simbólico de un euro.
El caso de Banco Popular tiene diversos frentes judiciales abiertos. El que ocupa a Calama es el que trata de concluir las responsabilidades de los gestores, que concluyeron con una entidad en quiebra. Pero paralelamente, hay más de doscientas reclamaciones contencioso-administrativas contra la decisión de resolver el banco por parte de las autoridades, que en la práctica supuso que los accionistas perdieran su dinero. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido también reclamaciones de este tipo, al ser comunitaria la autoridad que resolvió el banco, la Junta Única de Resolución.
