El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha participado este martes en la segunda jornada de los Cursos de Verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP,) dedicado al impacto del blockchain en la economía. Además, Núñez ha criticado la propuesta del Gobierno de suprimir los peajes en las autopistas con concesiones próximas a finalizar.

El presidente de la patronal de constructoras y concesionarias ha asegurado que el Ejecutivo no les había informado de sus intenciones respecto a la retirada de peajes, apuntando que "han tenido poco tiempo para avisarnos". Además, ha criticado que esta medida supone subvencionar a los conductores de forma injusta y con recursos públicos, trasladando los costes de mantenimiento a los contribuyentes.

"Parece que vamos a una vía contraria a la que lleva Europa a pesar del déficit del gasto público", ha señalado Núñez, que ha precisado que, en el resto de la Unión Europea, la mayoría de países financian sus autopistas a través de tarifas a los conductores que las emplean, algo que en España sólo sucede en el 18% de estas carreteras. Por eso, ha abogado por implantar el pago por uso de infraestructuras de transporte, que "permite gastar más en sanidad y educación".

Además, Julián Núñez ha cifrado en 450 millones de euros el coste de suprimir los peajes de las autopistas para las arcas públicas en el caso de las vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021. Mientras, si se aplicase al resto de carreteras tarificadas a lo largo del territorio nacional, ha augurado que el coste superaría los 1.000 millones de euros.

Por otra parte, el presidente de Seopan ha destacado la necesidad de inversión pública en España, que cifra en 114.000 millones de euros. Desglosando esa cantidad, 85.000 millones corresponden a inversión en transporte, logística y accesibilidad urbana a corto y medio plazo, frente al gasto de 1.800 millones que se produjo el año pasado; 12.000 millones en el ciclo integral del agua hasta 2021, precisando que si esas inversiones no se ejecutan, habrá sanciones europeas que sumaban 113 millones en diciembre de 2017.

Julián Núñez ha incluido dentro de su cálculo de inversión pública en infraestructuras 6.500 millones hasta 2020 para tratamiento de residuos y su valorización, frente a los 65 millones contratados el año pasado; 10.550 millones en infraestructuras de salud y educación para saldar el déficit del periodo entre 2011 y 2016. Además, ha criticado que la inversión actual es la misma que en 1979, marcando un mínimo histórico y restando 30.500 millones de euros a lo invertido en 2007. "Al ritmo actual, tardariamos entre 39 y 136 años en resolver el déficit inversor", ha asegurado.

Núñez ha apostado por "resolver déficit inversor sin comprometer el gasto social a través de la colaboración público-privada, que no existe desde 2012". Además, ha calificado de necesario definir un modelo común de infraestructuras viarias que corrija la desigualdad territorial y que se armonice con los modelos viarios de la UE.