Hace dos semanas, se publicaron los datos recopilados por Eurostat correspondientes al mes de abril sobre el paro registrado en España. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, el desempleo se situó en el 12,7%, que corresponde a 2.997.000 parados. Este dato llama la atención porque contrasta con el ofrecido por el Servicio Público […]
NacionalDirigentes Digital
| 12 jun 2023
Hace dos semanas, se publicaron los datos recopilados por Eurostat correspondientes al mes de abril sobre el paro registrado en España. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, el desempleo se situó en el 12,7%, que corresponde a 2.997.000 parados. Este dato llama la atención porque contrasta con el ofrecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, ofrecía una cifra inferior para el cuarto mes del año: 2.788.370 parados. Es decir, los datos nacionales contabilizan 208.630 parados menos.
La diferencia se halla en la metodología aplicada por cada una de las organizaciones encargadas de estimar el número de parados. Históricamente, los datos ofrecidos por el SEPE son más bajos que los que publica Eurostat, aunque durante los dos años posteriores a la pandemia se produjo una excepción, ya que la EPA, que contabiliza los datos del organismo europeo en España, no incluía a parados que no buscaban empleo por la Covid, a los afectados por un ERTE.
El SEPE recopila los datos del paro a través del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) desde mayo de 2005.
En esta estadística, se computan como desempleadas a las personas que tengan demandas pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del INEM. Pero no todas las demandas se contabilizan, ya que se excluyen algunos casos.
En primer lugar, a los demandantes que tengan un empleo en la actualidad. Es decir, a aquellos que reciben una prestación que compatibilizan con un empleo parcial, a los que se tienen contratos suspendidos con carácter temporal o tienen su jornada laboral reducida por un expediente de regulación de empleo (ERE), además de aquellos que reciben prestaciones por desempleo, pero que participan en trabajos de colaboración social.
También se excluye a aquellos que no tienen disponibilidad inmediata para el trabajo o que se encuentran en una situación incompatible con el mismo. Esta categoría comprende, entre otros, a los pensionistas de jubilación, de invalidez absoluta, a los mayores de 65 años, a los demandantes que se encuentren de baja médica, los estudiantes de enseñanza oficial reglada con menos de 25 años (o si, superando esa edad son demandantes de primer empleo) y los alumnos de formación profesional ocupacional que superen las 20 horas lectivas semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo.
Asimismo, tampoco se contabilizan a los demandantes que solicitan un empleo de con determinadas características, como un empleo a domicilio por menos de tres meses, con una jornada inferior a 20 horas, cuando la inscripción sea requisito previo para un proceso de selección o cuando se solicite un empleo para el extranjero.
Por último, los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo o, que habiéndolo agotado, no haya transcurrido más de un año desde el nacimiento del derecho.
Los datos de Eurostat son recopilados a través de la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT o Labour Force Survey-LFS en sus siglas en inglés), donde se aglutinan a las personas de 15 a 74 años que no tenían empleo durante la semana de referencia, que estén disponibles para un empleo remunerado o por cuenta propia antes del final de las 2 semanas siguientes a la de referencia o que estén en búsqueda activa de trabajo. Con datos de 2021, el tamaño de la muestra trimestral de la EU-LFS fue de alrededor de 1,1 millones de personas y cubría todas las industrias y ocupaciones. Cada Estado miembro se encarga de realizar la encuesta en su territorio. En el caso de España, es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el que se encarga de elaborar la Encuesta de Población Activa (EPA). De esta manera, se armonizan los datos entre los países, lo que permite hacer comparaciones internacionales.
Pese a esto, hay algunas diferencias entre los datos que ofrece la EPA y los que publica la EU-LFS. La más significativa es la inclusión en las estadísticas europeas de la población de 15 años en el grupo de edad más joven, mientras que en España estos son considerados inactivos (se empieza a preguntar a partir de los 16 años, que es cuando termina la obligatoriedad de la enseñanza reglada. Esta diferencia produce una diferencia a tener en cuenta al comparar, por ejemplo, el paro juvenil entre España y otros países de la Unión Europea.