El paso adelante de las veinte mayores economías del mundo se entiende si se estudian los datos con detenimiento. Estos veinte países, donde vive el 60% de la población y donde se concentra el 80% del PIB mundial, han acordado un mismo argumentario para dirigirse a las multinacionales.

Esas grandes empresas son las principales afectadas por el acuerdo que firmó hace unas semanas la OCDE y que se reafirmó la semana pasada en Venecia, en la cumbre de ministros económicos del G20. El principal compromiso es el de establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%.

No obstante, hay que tener en cuenta que algunos países, como Irlanda, no suscribieron dicho convenio y que, sobre todo en Europa, el tipo es bastante superior. Por ejemplo, España mantiene un gravamen del 25%, Alemania lo establece en el 15% y Francia se encuentra alrededor del 28%.

Por eso, lo que busca este pacto no es tanto asegurarse de que existe ese 15% mínimo, sino que procura las herramientas para conseguirlo. Esa intención tiene que ver con que, a pesar de que el impuesto de sociedades español es uno de los más altos, la recaudación efectiva se reduce al 15% en el caso de las pymes y al 6,6% para las grandes empresas.

Las numerosas exenciones que existen, así como las diferentes estrategias fiscales de las compañías más grandes inciden sobre la recaudación de este impuesto. De hecho, 22 multinacionales españolas pagan apenas un 1,3% de su beneficio global.

Este alineamiento de intereses de las grandes economías mundiales ha sido calificado como "un acuerdo histórico", según la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Además de establecer ese tipo mínimo, la intención es establecer nuevas reglas que sirvan para reasignar los beneficios de las empresas multinacionales de mayor tamaño a los países en los que operan.

En resumen, consiste en que las grandes empresas paguen impuestos allí donde operan. Desde el punto de vista de la cohesión, se espera que igualar los impuestos en todas partes desincentivaría que las empresas pretendan pagarlos en donde más les beneficie, dado que serían igual de altos en todas partes.

Con todo, aún restan los pequeños detalles que habrán de ser cerrados antes de la reunión de jefes de Gobierno en octubre, que se celebrará en Roma. Una vez aprobada la norma, los países podrían ponerla en marcha a finales de 2022.

Lo que implica de facto este acuerdo es la renuncia de la Unión Europea a la tasa digital, conocida como la 'tasa Google' en España. Ese impuesto gravaría la facturación de los gigantes digitales que apenas tributan en territorio europeo. Si bien, el acuerdo del G20 va más allá y trata de asegurar que estas empresas tributen por la actividad que realizan en cada lugar. No obstante, la Unión ha tenido que rebajar sus pretensiones iniciales, ya que aspiraba a que la tasa mínima fuera del 25% y no del 15%, como proponía Estados Unidos.

¿Para qué aumentar la recaudación?

Como todo impuesto, se pretende que esta nueva fuente de ingresos contribuya a mejorar la salud de las arcas públicas. Los ministros del G20 se comprometieron a que el dinero no se pierda por el camino, sino que se utilice para digitalizar las empresas, mejorar la conectividad y las infraestructuras, de manera que mejore la productividad y el crecimiento económico.

Por último, se concertó que la política fiscal debe ayudar a movilizar recursos para acelerar la transición verde. Aunque resultó más una declaración de intenciones que un compromiso formal, se propusieron impuestos que actúen sobre el precio de las emisiones, entre otros.

Cuatro nuevos impuestos para pagar el plan de recuperación

Impuestos para acelerar la transición energética