El equipo de Macri destina el 64% de los recursos a servicios sociales y a obras públicas. Y las cuentas del oficialismo prevén para el próximo año un aumento de la deuda pública del 32,4% respecto de 2016, llegando ahora a 16.300 millones de dólares, mientras que el gasto global fue estimado en 155.000 millones de dólares. El escenario para ejecutar ese plan es una economía que, en opinión de Hacienda, crecerá un 3,5%, con una inflación del 17% y un déficit fiscal del 4,2%. De esa manera sería posible destinar 64% a impulsar la obra pública y atender los servicios sociales. El proyecto, coordinado por el ministro Alfonso Prat-Gay, también calcula el precio del dólar para los próximos tres años: 17,92 pesos en 2017, subiendo a 21,21 en 2018 y llegando a 23,53 en 2019. Actualmente está en 15,20 pesos. Tiempo de ajustes Para que las cuentas cierren, el proyecto establece varias condiciones de ajuste, como la reducción de partidas para ministerios, instancia que ha generado cuestionamientos tanto de opositores como en el mismo oficialismo. Las principales divergencias vienen del Frente para la Victoria (FPV), núcleo de legisladores que siguen a la expresidenta Cristina Fernández. Su carta contra los cálculos del Gobierno es que los salarios de los trabajadores no aumentarán lo suficiente para paliar la inflación. Las autoridades calculan que este año el índice será del 35%, mientras que para 2017 sería del 17%, es decir prácticamente la mitad. En el inicio de su mandato, Macri había dicho que se proponía reducirla a un dígito en su gestión. Entre los puntos a favor de la iniciativa oficial está el hecho de que, a pesar de ser minoría en ambas cámaras del Parlamento, logró la aprobación de 72 leyes en este primer año. Gasto social Sin tener la prodigalidad de su antecesora, el Gobierno actual otorgó, no obstante, un bono de fin de año a las organizaciones sociales, pero se opone a la aprobación de una ley de emergencia social, como promueven los opositores. Ese proyecto propone un aumento del 15% en las asignaciones familiares, la creación de un millón de puestos de trabajo y la implementación de un “salario social” para trabajadores de la «economía popular». Para el Gobierno ello significaría más de 1.500 millones de dólares tan sólo en el primer año, un costo no contemplado en su Presupuesto. En cambio, propone el aumento del 22% en el gasto estatal, con lo que espera acelerar la obra pública y así irrigar la economía.
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