El Impuesto a las Transacciones Financieras ha estado mucho tiempo sobre la mesa del Gobierno. Sin embargo, ahora parece que está a punto de aprobarse, a pesar de que instituciones como Inverco y, anteriormente, la CNMV se han mostrado contrarios a la llamada tasa Tobin. El Consejo de Ministros del martes 18 de febrero puede sembrar un antes y un después en la inversión española, ya que es un impuesto directo a la compra de acciones de compañías españolas.
Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, aseguró ante los medios la pasada semana que el impuesto a las Transacciones Financieras “hará perder un 7,4% del rentabilidad de los fondos de inversión y un 5,6% de los planes de pensiones en los próximos 25 años”. Además, catalogó a esta figura fiscal como “un impuesto a la inversión en empresas españolas” y se advirtió que de implantarse este tributo debería ser igual al aplicado en Francia e Italia o bien “crear una tasa común en Europa para que no haya países perjudicados”.
Junto con la tasa Tobin, el Ejecutivo también aprobará la tasa Google, pese a la oposición de Estados Unidos y a las reprimendas en forma de aranceles que Donald Trump puede ejecutar contra España. Según, el Gobierno socialista son dos medidas que trataran de sanear las cuentas y reducir el déficit público. Las estimaciones señalan que, entre ambos tributos, el Estado recaudaría algo más de 2.000 millones de euros. Aunque, la realidad es que cuando estos tributos se han aplicado en otros países no han sido demasiado efectivos.
¿Cómo es la tasa Tobin?
Aunque, todavía se desconocen los términos exactos del tributo. La anterior vez que el Impuesto a las Transacciones Financieras estaba sobre la mesa de Pedro Sánchez pretendía en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, o del lugar en que se negocien. Es decir, es un impuesto que afectará a todos los inversores, independientemente del volumen de los invertido y de su residencia de origen.
La idea, en un principio, es que la tasa recaiga sobre las gestoras y las entidades que compran las acciones, sin embargo, el Tribunal de Cuentas francés (dónde se aplica el impuesto) advirtió en 2017 de que los más perjudicados en todos estos años de aplicación han sido los clientes. En el caso español, el tributo se aplicará cuando se compren acciones de compañías con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros
2020-02-17 12:59:13
