La retrocesión es la parte de la comisión de un fondo que pasa al comercilizador, bien sea una entidad, un asesor de banca privada o una Eafi. La intención de MiFID II es eliminar esos conflictos de interés por los que los comercializadores apostasen por recomendar un producto u otro en función del rebate percibido.
En realidad, no se trata de prohibir el cobro de las retrocesiones, sino que obligará a mostrar la comisión que los asesores financieros perciben de sus clientes, al igual que las entidades por su distribución y las gestoras por su gestión. El problema es que estas comisiones, que de media suponen un 65,3%, superan en muchos casos esa cifra. Y esto podría perjudicar a la cuenta de resultados de las entidades.
Así, todo apunta a un proceso de consolidación en la industria de servicios de inversión. Según diversos estudios, la nueva regulación abocaría a la desaparición a aquellas que cuenten con unos activos de clientes bajo gestión inferiores a los 10.000 millones de euros. Al menos ese es el cálculo más reciente realizado en un reciente informe elaborado por la consultora McKinsey & Co, en el que asegura que "la presión en los márgenes de beneficio forzará a la banca privada a reducir costes y revisar" el número de centros en los que operar.
En este escenario, el estudio refleja diferencias entre los distintos modelos de negocio a la hora de enfrentarse a los retos regulatorios, que van más allá de MiFID II. "Mientras el margen de beneficios de las divisiones de banca privada de los bancos universales con negocios minoristas mejoró cuatro puntos básicos hasta 36 puntos básicos el pasado año, el margen de las firmas independientes cayó a 27 puntos desde los 32 en 2010".
En cuanto a la normativa que entrará en vigor en enero de 2017, desde Deloitte recuerdan que al menos estas entidades cuentan con la experiencia de otros países que ya han introducido restricciones a la percepción de incentivos de terceros en determinados servicios de inversión, uno de los puntos más debatidos de MiFID II. Es el caso de Reino Unido, Dinamarca o los Países Bajos, donde la experiencia ha demostrado que "estas nuevas medidas afectan directamente a los modelos de negocio de las entidades financieras y en sus cuentas de resultados".
Bajo esta perspectiva, el estudio de McKinsey llama la atención de las entidades sobre la urgencia de reformar las estructuras de tarifa para mantener las ventajas competitivas en este nuevo escenario. Desde la consultora reconocen que "una mayor transparencia en los precios presionará inevitablemente los márgenes de las entidades de banca privada". Por eso, consideran que será necesario para todos los jugadores "repensar sus modelos de tarifas y demostrar su valor siendo más claros con los clientes".
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