La deriva soberanista en Cataluña va en contra de los intereses empresariales. El fallecido empresario José Manuel Lara ya dijo hace años que si Cataluña se independizara trasladaría la sede del Grupo Planeta fuera de la región. Es una preocupación que comparten muchos empresarios catalanes. Si se diera el caso una región independiente, significaría estar fuera de España y de la Unión Europea con el consiguiente coste económico que conllevaría.
El Gobierno ha respondido al desafío nacionalista de Mas satisfaciendo la demanda de facilitar el cambio de domicilio social. Hasta ahora solo podía producirse si era autorizada por los accionistas, con la enmienda introducida lo podrá decir el Consejo de Administración. El cambio de sede sin autorización de la Junta empresarial solamente estaba permitido en el caso de que la sociedad en cuestión siguiese en el mismo municipio.
La decisión de permitir una salida exprés de compañías catalanas es un duro golpe para el movimiento nacionalista, que siempre ha minimizado el impacto económico de la independencia. Desde la lógica empresarial que busca marco jurídicos estables para desarrollar su actividad, una Cataluña soberana produce una seria amenaza para cualquier negocio y atraer nuevos inversores.
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