El próximo 19 de septiembre es la fecha límite que el Gobierno para poner de acuerdo a banca y constructoras sobre las concesionarias que gestionan las nueve autopistas en quiebra. Ese día concluye el plazo que tiene la AP-36 (Ocaña-La Roda) para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, antes de entrar en fase de liquidación. Parte de las pérdidas tendría que ser asumida por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración de las concesiones. Y será la primera de otras ocho autopistas que encuentran en parecidas circunstancias y que acumulan una deuda de 4.600 millones.
Tras más de un año de negociaciones, el plan de rescate será activado esta semana en el Consejo de Ministros del próximo viernes, aunque desde Fomento afirman que podría ser el siguiente, con la creación de una empresa pública que integre a las nueve autopistas por 2.600 millones. Hacienda y Fomento llevan tiempo perfilando esta fórmula para evitar que Bruselas acuse a España de ayudas ilegales y tire por tierra la operación. El plan consiste en crear una empresa nacional de autopistas, con capital 100% público, que se encargaría de la explotación de las autopistas para garantizar la viabilidad y rentabilidad de las vías, para evitar la inyección directa de dinero público.
Antes del verano, se acercaron posturas entre el Ejecutivo y la banca para el traspaso de las autopistas aplicando una quita del 50% sobre la deuda de las empresas concesionarías, pero la forma de pago, con deuda pública, no era del agrado del sector. El Gobierno pretendía emitir deuda a 30 años con una rentabilidad anual del 1%, que se la quedaría los bancos que financiaron los proyectos.
A Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander, BBVA, y Banco Popular le pareció insuficiente la retribución por considerar que trata de una segunda quita. El Gobierno se vio obligado a elevar el tipo de la emisión al 2,5% para convencer a la banca.
Después del parón estival de las negociaciones, las posturas se han acercado cediendo ambas partes. Por un lado, los bancos han renunciado a que la deuda del Estado llevara avales adicionales, mientras el Gobierno remunera parte del pasivo al 4%, unos 640 millones que están en manos de entidades financieras extranjeras; el resto tendrá un cupón del 1%.
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