El juez Víctor Gómez considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y teniendo en cuenta que han sido interrogados todos los concejales, ex concejales, asesores y ex asesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar la exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria nacional, por el hecho de ser aforada. Según exponen medios locales, el magistrado señala que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación. Para el juez instructor, Barberá, como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal era la superior jerárquica de estas personas y existen las suficientes sospechas para imputar a la senadora. Para justificar su imputación, el juez destaca además la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la ex secretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, investigada en este procedimiento.
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